Los audios publicados en la noche del miércoles 11-J mostraban, sin duda, que el núm. 3 del PSOE, el secretario de Organización Santos Cerdán, había mantenido conversaciones con Koldo García y con su antecesor, el exministro Ábalos, que reflejaban inequívocos apaños para la adjudicación de contratos de obra pública e incluso de la percepción de sobornos. No había margen para la duda o para la denuncia (suficientemente justificada en el caso del fiscal general y de la mujer del presidente del Gobierno del Estado) de lawfare. Sánchez reaccionó pronto exigiendo a Cerdán su dimisión y pidiendo disculpas, lo que no había hecho Rajoy con Bárcenas. Con todo, ni es reacción suficiente ni tiene mucha pinta de ser creíble para una mayoría ciudadana, incluso para el propio electorado del PSOE.
El daño reputacional es atómico. Los dos secretarios de organización del PSOE de los siete años (junio 2018 – junio 2015) de Gobierno de Sánchez son gravemente sospechosos de corrupción organizada dirigida desde Ferraz. Es muy improbable que un modus operandi de este tipo no tenga más ramas que las que muestra el Ministerio gestionado por José Luis Ábalos en el que oficiaba de factótum Koldo García. Millones de electores progresistas que reivindicaron la higiénica moción de censura de 2018 que echó del Gobierno del Estado a los Rajoy, Sainz de Santamaría, Cospedal et alter llevaron un golpe en toda la cara.
Es muy chocante que un gobierno que nació para echar fuera la corrupción del PP (reconocida en una sentencia judicial definitiva) no aprovechase estos siete años para promover las reformas legislativas y de gestión necesarias para luchar contra la corrupción, depurar la clase política del PSOE y dar impulso a la búsqueda de los casos de corrupción del Gobierno Rajoy (2011-2018) y de sus casos de lawfare contra los políticos soberanistas catalanes (Operación Catalunya, en la que se inventaron fortunas inexistentes en cuentas en Suiza, para reducir las posibilidades electorales, tanto del president Artur Mas en las nacionales catalanas de 2012, como del alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en las locales de 2015) y contra personas pertenecientes a la cumbre de Podemos.
En cuanto a esto, se mostró una línea continuista en la gestión pública, totalmente inserta en la tradición oligárquica del régimen de 1978, pese a que en las políticas económicas se adoptaron ciertas medidas correctas favorables a las mayorías sociales, señaladamente surgidas de la iniciativa del soberanismo gallego, vasco y catalán y de la izquierda estatal. El propio Sánchez mostró más de una vez propósitos de reconectar el PSOE del régimen del 78 con el progresismo de raíz republicana que hizo posible sus investiduras de 2020 y 2023, pero esta tendencia quedó frenada por la corriente judicial apoyada por las derechas españolas. En esta conjetura, los problemas de verticalidad de la acción política e hiperliderazgo de Pedro Sánchez (responsables de los buenos resultados electorales de 2019 y de haber salvado la ropa en el 2023) contribuyeron a la paralización de la acción de gobierno y al archivo de una agenda progresista en las libertades, en la política territorial y en la implementación de modos de gobierno más participativos y horizontales, como ha escrito Cristina Fallarás. Una y otra vez la realidad muestra que la agenda de reformas sociales y políticas requiere de una agenda de reformas en la gobernanza y más en la forma de desarrollar la política.
Aún quedan por delante 25 teóricos meses de legislatura, pero de aquí en adelante los problemas para Sánchez y el PSOE crecerán. En el desarrollo de las investigaciones del “caso Ábalos-Cerdán” (antes casos Koldo) es muy difícil que no surjan hilos que vinculen esta organización a otras áreas del Gobierno del Estado ajenas al departamento responsable de Transportes-Fomento.
Sánchez aún dispone de una bala si es capaz de arriesgarse: la de dar un gran giro republicano a su gobierno
Sánchez aún dispone de una bala si es capaz de arriesgarse: la de dar un gran giro republicano a su gobierno, reconstruyendo el pacto de investidura con los 178 diputados que le votaron hace año y medio, pactando para los dos años que quedan para el final de la legislatura una agenda a favor del desarrollo de libertades, de lucha contra la corrupción y de ahondar en la plurinacionalidad. Sus socios soberanistas gallegos, catalanes y vascos van a tener la presión de cada uno de sus electorados y necesitan de un gran reseteo en Moncloa, de una auténtica mutación transformadora del régimen del 78. Pero este giro republicano, este new deal para profundizar en la plurinacionalidad (en la línea de lo que ha escrito hace pocos días en ElNacional.cat Jaume Clotet: https://www.elnacional.cat/es/opinion/psoe-pp-catalunya-jaume-clotet_1434457_102.html), parece que no esté en las prioridades de un Sánchez Pérez-Castejón que retrasa la dación de cuentas exigida formalmente por BNG y ERC y materialmente por Junts y el PNV hasta ¡el 9 de julio! Una vez más el hiperliderazgo y la falta de análisis y de debate colegiado paraliza la acción política. Y el reloj puede llegar también a ser implacable en la relación de los soberanistas gallegos, catalanes y vascos con sus respectivos electorados, porque el elefante rosa de la habitación es muy difícil de disimular.