Es un acierto estratégico de Esquerra Republicana centrar su propuesta electoral en la reivindicación del concierto económico, que a estas alturas podría parecer un objetivo más cercano que la independencia y sin ser incompatibles, es evidente que el concierto genera un consenso mucho más amplio.

Pedro Sánchez se ve venir esta batalla, que por su parte es tan o más complicada que la amnistía. La amnistía es un problema con los jueces. El concierto económico afecta a la distribución de recursos del Estado entre el propio Estado y su entorno -las élites extractivas- y también afecta al conjunto de las comunidades autónomas, excepto Euskadi y Navarra, que ya funcionan por su cuenta.

Precisamente porque se lo veía a venir, Sánchez se apresuró a prorrogar los presupuestos del 2024 pocos minutos después de que el president Aragonés convocase las elecciones catalanas. Sabía que la “financiación singular” es algo omnipresente en la agenda política catalana y se preveía como un obstáculo insalvable dada la competencia entre ERC y Junts en modo milhombres.

Algunos se han burlado de la reivindicación del president Aragonés recordando que eso ya lo planteó Artur Mas, como si fuera una pantalla superada, cuando no está superada en absoluto. El concierto económico estuvo presente en el debate del primer Estatut (Ramon Trias Fargas y Heribert Barrera) y también de la propuesta de Estatut del 2006, que se rebajó en el trámite parlamentario posterior cuando Alfonso Guerra presumió de “pasar el cepillo” y lo acabó de desactivar aquel Tribunal Constitucional de infausta memoria. Luego lo intentó de nuevo Artur Mas con el concepto de pacto fiscal que fue rechazado por Mariano Rajoy propiciando -o provocando- la reacción soberanista que desembocó en el proceso soberanista.

Que Catalunya sufre una discriminación financiera lo han reconocido instituciones declaradamente contrarias a la independencia como la patronal Foment del Treball en la época más conservadora y, por supuesto, ahora que la preside Josep Sánchez Llibre, que es quien más que nadie ha hecho sonar todas las alarmas por los déficits de inversión del Estado en Catalunya. También lo ha hecho repetidamente el Círculo de Economía.

Este mismo mes, veinte instituciones de la sociedad civil vinculadas al mundo económico y empresarial se han pronunciado inequívocamente. Todas las cámaras de comercio del país, las patronales Foment, ACTIC, FemCAT, el Colegio de Economistas, el RACC, Barcelona Global y el Círculo de Economía, entre otros, denuncian que el actual sistema de financiación autonómica "frena el progreso económico del país".

Con el actual modelo de financiación, señalan estas entidades, Catalunya es la segunda comunidad (excluyendo a las comunidades forales) en términos de PIB per cápita, pero se sitúa en el décimo lugar en recursos recibidos y cae al puesto decimocuarto si se tiene en cuenta la diferencia del coste de la vida.

La posición sobre algo tan concreto y que entiende todo el mundo, como es el control de los impuestos que pagan los catalanes, al igual que ya hacen vascos y navarros, identificará los proyectos electorales, porque es una opción política muy significativa. Despreciarla sería una frivolidad.

Precisamente el problema financiero de Catalunya es el que ha obligado a los últimos gobiernos de la Generalitat a incrementar la presión fiscal a los catalanes a un nivel proporcionalmente superior al de cualquier otra región europea, encareciendo el sacrificio fiscal de los contribuyentes y propiciando la deslocalización de empresas. Esto es tan obvio que los Gobiernos de Madrid, Comunidad Valenciana y Aragón han visto la oportunidad de desplegar estrategias comerciales a bombo y platillo para atraer capital catalán a sus territorios.

En los últimos tiempos, ha sido casi imposible encontrar una idea que afecte de forma tan determinante al país y que genere un consenso tan transversal y sería una frivolidad desperdiciar la ocasión. Obsérvese que en el País Vasco incluso el Partido Popular ha defendido el concierto ante el único partido que lo ponía en cuestión, Ciudadanos, que obtuvo como respuesta sistemática unos resultados electorales irrelevantes. Ves que Alejandro Fernández, el candidato del PP, no se saque de la manga la reivindicación fiscal catalana, dada la posición del establishment económico. Si lo hiciera abriría una vía de agua en el Partido Socialista, dado que su candidato, Salvador Illa, se ha apresurado de forma incomprensible a cerrarse en banda a la idea de la financiación singular. Ya lo hizo antes con la amnistía para tener que rectificar luego cuando le ha convenido al PSOE.

Los contrarios a la financiación singular de Catalunya siempre utilizan el argumento de la solidaridad interterritorial como si el sistema centralizado fuera una garantía de suficiencia financiera para las comunidades, digamos, más pobres. Es un planteamiento falaz y demagógico, porque el dinero de los contribuyentes catalanes no se va a Extremadura ni a Andalucía. Algunos políticos catalanes también cayeron en el error considerando que el déficit fiscal catalán era para pagar los subsidios clientelares en Andalucía y Extremadura. Nada más falso. El dinero invertido en los subsidios a los jornaleros andaluces es calderilla comparado, por ejemplo, con los 22.000 millones de euros que costó el rescate de Bankia, antigua Caja Madrid, con fondos públicos y todos los gestores absueltos de ninguna responsabilidad. O, otro ejemplo, los 4.400 millones de euros de la indemnización a la empresa concesionaria del proyecto Castor, aquel almacén de gas que provocaba terremotos y que fueron indemnizados en tiempo récord. La concesión la aprobó un gobierno del PSOE y las prisas por pagar la indemnización un gobierno del PP.  Si el establishment catalán reclama la financiación singular de Catalunya es precisamente porque no le invitan demasiado a la fiesta madrileña, salvo los que han optado por cambiar la ubicación de su sede social fuera del Principado,

Desde algunas posiciones que combinan el independentismo y la frivolidad se comete el error de considerar la reivindicación del concierto económico como una opción claudicante respecto a la ambición máxima de la independencia, como si ganar espacios de soberanía fuera una forma de acomodarse en España. Esto sería tanto como pretender que los catalanes deben sufrir para mantener la llama independentista.

La posición sobre algo tan concreto y que entiende todo el mundo, como es el control del dinero que pagan los catalanes, al igual que ahora hacen los vascos y los navarros, identificará los proyectos electorales, porque es una opción política muy significativa. Despreciarla sería una frivolidad.