Una vez roto el gobierno independentista en Catalunya, la mesa de diálogo —entendida en el sentido amplio de negociación entre Barcelona y Madrid— ha dado dos frutos. Por una parte, la eliminación del delito de sedición —con la contrapartida de la puesta en pie de un tipo delictivo de desórdenes públicos agravados— y la modificación de la malversación. Estas dos medidas permitirán la revisión a la baja de las inhabilitaciones de los líderes del 1-O y beneficiarán a un buen número de personas que todavía no han sido juzgadas. A estas dos cuestiones hay que sumarles los indultos parciales aprobados por el gobierno de Pedro Sánchez el año pasado. La mesa de diálogo puede finalmente, pues, exhibir resultados importantes. Tanto es así que mucha gente nunca imaginó que se pudieran producir, servidor de ustedes, debo admitirlo, tampoco.

Lógicamente, Pere Aragonès y ERC están satisfechos. Y no dejan de repetir: ¿veis como teníamos razón? ¿Os dais cuenta de ello? No obstante, y sin querer echar agua al vino, vale la pena notar que las tres concesiones —indultos, sedición, malversación— miran atrás. Es decir, sirven para minimizar o amortiguar el castigo o las represalias por acciones realizadas por los independentistas en el pasado. Son todas ellas unas medidas que rebajan la punición y pretenden empequeñecer también las protestas por las condenas que puedan llegar.

Esquerra se felicita por los resultados obtenidos —como hizo el president Aragonès en su discurso de San Esteban— y los sitúa como primer paso, como prolegómeno, de la consecución de una votación —en el discurso no utilizó la palabra "referéndum"— sobre la independencia, la cual, como todo lo anterior, aseguran que surgirá de la negociación con el gobierno de Pedro Sánchez (ERC ha renunciado a un nuevo referéndum unilateral).

Mientras tanto, Sánchez repite que el problema que España tenía en Catalunya está resuelto. Que el procés está muerto y enterrado. Y que, en realidad, no hay que volver a reunir la mesa de diálogo. Si para ERC los últimos resultados eran lo mínimo, para Sánchez son el final del camino, la llegada. Este enfoque es el que le permite lanzar a los populares, cada vez que se tiran del pelo, que lo que ha pasado es, sencillamente, que Rajoy fue engrosando un problema terrible durante un grupo de años y que, en cambio, él —Sánchez— lo ha sabido resolver rápidamente y dialogando. Es por eso que Sánchez ha decidido cerrar la carpeta catalana, al menos hasta que pasen todas las elecciones de 2023: autonómicas en muchas comunidades, municipales por todas partes y, finalmente, las españolas.

Como vemos, tanto Aragonès como Sánchez intentan 'vender' los acuerdos alcanzados de forma diametralmente distinta. Lo hacen así quizás por convicción y, sobre todo, porque se dirigen a ciudadanos —mercados electorales si lo quieren llamar así— diferentes.

Para el primero, Aragonès, los indultos, la derogación de la sedición y el cambio en el delito de malversación son la prueba de que el diálogo funciona y que un referéndum acordado con el Estado no solamente es posible, sino que está más cerca. Para el segundo, Sánchez, los mismos hechos suponen haber acabado con un grave problema que fracturaba la sociedad española y la sociedad catalana. El independentismo está, gracias a él, pues, absolutamente debilitado. Naturalmente, nunca habrá, remacha Sánchez, un referéndum de independencia.

Si los escuchamos a ellos, los dos están ganando la batalla. Estaríamos ante un caso de win-win, un negocio redondo. Unos dicen que están acercando Catalunya a la independencia; los otros que han conseguido reducir el independentismo catalán a una triste sombra de lo que era.

Uno de los dos se equivoca.