La responsabilidad principal de un gobierno debe ser arreglar problemas a los ciudadanos, no trasladárselos para que los acabe resolviendo la gente. Si en lugar de gestionar problemas se los endosan a los contribuyentes, entonces sobra el gobierno. El ejecutivo central y el Govern acaban de perpetrar precisamente eso: endosar el problema a los ciudadanos, a los funcionarios, a los jueces, a los mossos… en definitiva, a la misma gente a quien debían gobernar causando, como recomendaba Adam Smith, “las menos injusticias, penurias y perjuicios posibles”.

El gobierno de Rajoy ha optado por convertir un problema político en una cuestión judicial y penal. Se ha bunquerizado tras el TC, los tribunales penales y la fiscalía renunciando a sus responsabilidades políticas. Les ha derivado el penoso trabajo de recoger el destrozo de una estrategia partidista que ha decidido en exclusiva el Partido Popular, pero que pretende que sea asumida por el Estado y las demás fuerzas políticas de manera solidaria. El Govern y la mayoría que lo sostiene han caído en la trampa y también han optado por embarcarse en una confusa batalla legal que acabará perdiendo, dejándose alguna parte de la legitimidad que investía la causa del referéndum al tomar el arriesgado camino de los trucos y los pases de manos parlamentarios.

Estamos asistiendo a una abdicación general por parte de los actores políticos de su obligación de hacer política

Han preferido convertir un problema político en un problema legal y penal, metiéndonos a todos en una ratonera de donde ahora pretenden que les saquemos y además les aplaudamos como héroes. Estamos asistiendo a una abdicación general por parte de los actores políticos de su obligación de hacer política. Pero en el caso de los gobiernos, además, estamos ante una renuncia manifiestamente culpable.

Hemos dedicado muchas horas a hablar de los problemas y dilemas que afrontan los Rajoy, Puigdemont o Forcadell, pero puede que demasiado pocas a reflexionar sobre los problemas y dilemas concretos que muchos ciudadanos van a afrontar en sus vidas y en sus trabajos a consecuencia de tanta incapacidad política. Más allá de quienes ya hayan optado por una legalidad o la contraria, parece un buen momento para ponerse en la piel de ese alcalde de un pueblo o villa, ese secretario, ese funcionario o ese mosso quien, a lo largo de mes de octubre, deberá hacer su trabajo y tomar decisiones mientras unos y otros le aseguran el respaldo de la ley o le amenazan con sanciones, delitos o pérdidas profesionales. También parece una excelente oportunidad para aprender algo y ponerse en la piel de ese ciudadano a quien unos le reclaman que respete la ley y no se exponga a penosas consecuencias, mientras otros le demandan que llene las calles para darles la razón o acuda obligatoriamente a una mesa de votación.

Las sociedades tienen un límite para el stress que son capaces de soportar. Cuando se sobrepasa nadie sabe qué puede pasar exactamente. Lo único cierto es que llega un momento en que aquello que se rompe no puede arreglarse, una certeza que vale para la cerámica, la mecánica, la medicina o la política.