La presentación ante la Mesa del Parlament de una iniciativa conjunta de Junts pel Sí y la CUP para que se dé curso a la creación de tres ponencias legislativas, en las respectivas comisiones de la Cámara catalana, con el fin de elaborar las leyes de Hacienda propia, Seguridad Social y Transitoriedad Jurídica, es el primer ejercicio de fuerza de los partidos independentistas catalanes para tramitar las denominadas leyes de ruptura. Es también, se quiera o no se quiera, el primer desafío político al Tribunal Constitucional que suspendió la declaración del Parlament de Catalunya del 9N. Y también lo es, por extensión, al Gobierno español en funciones, que, muy debilitado por el mapa político resultante del 20D, no ha sido capaz ni de afrontar una sesión de investidura en el Congreso de Mariano Rajoy. Tanto es así, que quien lo va a intentar es el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

De las diferentes opciones que tenían encima de la mesa JxSí y la CUP para intentar esquivar la resolución del TC, se ha elegido la única que puede intentar sortearlo. No hay, por ejemplo, tres proyectos de ley del Gobierno catalán remitidos a la Cámara catalana, tampoco se aporta material de trabajo del Ejecutivo de la Generalitat. Se empieza por el peldaño más bajo, que es la petición de creación de tres ponencias legislativas en las comisiones de Economia, Governació y Treball y que sean ellas las que elaboren en 18 meses los proyectos de ley. En un intento más de esquivar al TC se ha cambiado incluso el nombre a los proyectos de ley que, según la resolución aprobada el 9N, pasan ahora a denominarse de Administración Tributaria Catalana, Régimen Jurídico Catalán y ley integral de Protección Social Catalana. Se cumplen también los plazos: presentación antes de 30 días después de la elección (el pasado 10 de enero) del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Se abre ahora un debate que es político, aunque se quiera disfrazar de jurídico: ¿se puede impedir que el Parlament legisle sobre competencias que le son propias simplemente porque quizás acabe sobrepasando el marco estatutario? ¿O será cuando lo haga, que el TC deberá actuar? Una cosa es lo que es lógico y otra cosa es lo que la política quiere que parezca lógico.