El punto más débil de las peleas cuerpo a cuerpo es que limitan la visión de los contendientes y dan ventaja a los espectadores. Al contrario de lo que se puede creer, nadie está por encima de los conflictos cuando su razón de ser es la cosa pública, por más que los autollamados cazadores de burbujas de política-ficción se erizan cuando creen descubrir, por ejemplo, que en el rifirrafe de la escaramuza se ha confundido una reprobación al Rey con pedir cuentas al secretario general del Parlament. Pero si los árboles se abren lo suficiente para adivinar los peligros y las amenazas del bosque, vemos una realidad que hiela las sonrisas de los euriditos a la violeta.

Ayudan a orientarnos la ADIC, la Asociación en Defensa de las Instituciones Catalanas, creada en varias áreas a raíz de la detención de los consellers y la aplicación del 155. No solamente hace visible, desde noviembre del 2017, el descontento de trabajadoras y trabajadores con la imposición centralizadora, sino que arroja luz y denuncia aspectos concretos de la represión que todavía sigue.

Sobre el último plenario y la publicación o no de las resoluciones aprobadas, adic_PARL reflexiona (y reflexiona muy bien), en un hilo de Twitter que vale la pena comentar y difundir. No solamente reconocen que como personal del Parlament tienen una responsabilidad especial, sino que comparten los principios de objetividad, integridad, neutralidad, imparcialidad y confidencialidad que recogía la nota de algunos miembros del consejo de personal que previamente la prensa ya había publicado. Pero nos hacen ver, además, que el rechazo, a "cualquier presión que se pueda hacer sobre los funcionarios del Parlament de Catalunya" empieza por el rechazo a la presión constante de su trabajo traducido en "amenazas reiteradas de procesamientos penales". El motivo es evidente: el 155 está todavía operativo, tanto si se quiere como si no se quiere reconocer y se muestra con toda crudeza cuando las decisiones que el Parlament toma, por mayorías democráticas, no están en sintonía con la voluntad que impera a 505,4 km en línea recta.

Estamos todavía bajo las vigencias más peligrosas del 155 porque las toleramos, las interiorizamos o preferimos, con la cabeza gacha, no verlas

L'adic_PARL explica que el secretario general del Parlament es un cargo de confianza nombrado por la mesa que emite asesoramiento jurídico basado (como el resto de letrados) en la imparcialidad, la objetividad y la libertad de conciencia. Pero (y ahora llegamos al núcleo de la cuestión), conviene saber que el secretario general (así como otros trabajadores de la administración parlamentaria) ha recibido advertencias específicas del TC español, que lo amenazan de inculpación si no ejerce un control preventivo de la constitucionalidad de los acuerdos. "Así pues, el TC lo fuerza a imponer su criterio jurídico (obviamente controvertible) por encima de las decisiones soberanas del Parlament". Así de grave. La secretaría general del Parlament lleva asociada, desde el 155, el trabajo de censor. Como una especie de virreinato del Tribunal Constitucional que no ha desaparecido... porque tampoco lo ha hecho el espíritu que da nuevos espacios conquistado al unionismo. No es extraño, pues, que nunca se haya oído hablar tanto en castellano en el Parlament o a medios públicos como desprendido del 155... y la explicación es bien sencilla, parafraseando a Jordi Cuixart: tienen el poder que les concede nuestro miedo. Y lo ejercen. Estamos todavía bajo las vigencias más peligrosas del 155 porque las toleramos, las interiorizamos o preferimos, con la cabeza gacha, no verlas.

El TC, nos advierten desde la ADIC, da a servidores públicos la capacidad de ejercer un poder superior al del pleno, hacer una función de árbitro que no les corresponde, y alterar la soberanía del Parlamento y la voluntad popular. No es pasar por el cepillo un Estatuto (que ya es muy grave), es laminar la soberanía nacional, día a día, resolución a resolución, ley a ley, a cada plenario. La monstruosidad jurídica es que se ha aceptado, de una manera u otra, que la soberanía "quedara sometida al poder inquisitorial del sistema judicial español, y se ha acabado consintiendo la conculcación del derecho de representación y participación política, la suspensión de diputados, la prohibición de investir hasta tres presidentes, la desposesión del escaño del presidente Torra, la censura de textos aprobados". ¿Y después de todas estas verdades seguidas, podemos hacer ver todavía que no somos colonia?

Lo dice adic_PARL y estoy muy de acuerdo: vivimos en un país sometido, con los derechos fundamentales no sólo amenazados sino directamente vulnerados y desprotegidos, y nada de lo que pasa, en el Parlament y en la calle, se puede desvincular de esta falta de libertades. Nada. Solamente habría que recordar, cada día, que la presidenta de la XI legislatura, Carme Forcadell, sigue encarcelada por la sentencia de un tribunal incompetente y sin las garantías exigibles, precisamente por eso: porque es el símbolo del parlamentarismo más democrático y de nuestra soberanía secuestrada.