La ceremonia de beatificación de Joan Roig Diggle coincidía con el X aniversario de la dedicación de la Sagrada Familia, y fue acompañada también de un abanico diverso y razonado de protestas. El personal de la sección sindical SUT (servicio de atención al visitante) en huelga indefinida desde el 26 de septiembre denunciaban en la entrada de la basílica que les hacían trabajar más horas de las pactadas por contrato y exigían, además, que se desafecara el ERTE. También el mundo de la cultura, de la restauración y el espectáculo, se sentían maltratados por el trato discriminatorio a pesar de las inversiones hechas, en teatros y negocios, en medidas de seguridad. La cultura es segura, decían, pero de la ceremonia de beatificación en tiempo de restricciones a la movilidad de personas y confinamiento de territorios, no podíamos estar tan seguros. También la consellera de Salud, Alba Vergès, tenía sus dudas, aunque el Procicat esgrimía como argumento "la libertad de culto". Pero, de hecho, no hay que abusar del concepto para esconder lo más obvio: Demasiada gente sin trabajo. Demasiados pequeños negocios a punto de quiebra. No es ejemplar reunir a 600 personas en una gran fiesta litúrgica, ni que estén bajo el amparo benéfico del arzobispo de Barcelona, monseñor Omella, el cardenal y arzobispo emérito, Lluís Martínez Sistach, y el nuncio apostólico de la Santa Sede en España (o sea, en Madrid), monseñor Bernardito Auza.

Demasiada gente sin trabajo. Demasiados pequeños negocios a punto de quiebra. No es ejemplar reunir a 600 personas en una gran fiesta litúrgica

Parece que las altas jerarquías eclesiásticas ya no tienen la bula que los preservaba de todas las críticas, aunque conservan el poder corsario de no pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) e inmatricular a pedir de boca. En una página web del Departament de Justícia de la Generalitat se pueden consultar las inscripciones hechas entre 1946 y 2015. Se constata cómo no perdieron el tiempo. En Catalunya, hasta el 2015, inmatricularon 1855 lugares de culto, terrenos, 1518, y edificios civiles, 349. Parece una enorme ceremonia de desposesión del común o una usurpación de lo que el derecho consuetudinario otorgaba para usajes, usos o costumbres. Y tampoco parece que en este caso encontremos ningún comportamiento ejemplar... Pero es que el derecho de los vencedores siempre les permite elaborar los hechos en provecho propio.

Esta última semana en Galicia han saltado las alarmas porque unos 40 o 50 camiones retiran cuadros, tapices y libros del pazo de Meirás. Se llevan, dicen, dos esculturas del portal de la gloria de la catedral de Compostela del siglo XII y los más de 3.000 volúmenes que quedan de la biblioteca de la Pardo Bazán. La familia Franco, por orden judicial, tiene que dejar el inmueble antes del 10 de diciembre, y el BNG tiene constancia «dunha operación de mudança» que pide detener. El BNG interpreta que lo que hay que restituir al pueblo de Meirás y a Galicia no es solamente el continente sino también el contenido del pazo. Pero la familia Franco piensa diferente desde el fortín de los vencedores: mercantiliza el patrimonio cultural de Galicia, y se lleva su botín de conquista.

Es curioso que en el debate público de un estado fundado por sacerdotes y militares no se hable ni de religión ni del ejército y la vida militar

Un gallego ilustre que estos días saca libro, Suso de Toro (Un señor elegante, Xerais, 2020; Alianza, en castellano y Més Llibres en catalán), nos remite a la evidencia: el estado español sigue siendo un estado fundado por los militares en Burgos, y el jefe de estado es el jefe de los ejércitos. Se constata lo que nos dice el escritor gallego siempre que se tiene que hacer visible "quién manda" y quién se impone. Quiere, toma y hace suyo, sin diálogo ni dar cuartel a quien considera extraño y, por lo tanto, enemigo, empapado por lo que sería su "cultura pública" autoritaria y violenta. Una cultura que, esta sí, no es segura, ni garantía de ninguna seguridad futura. Solamente hay que ir tres años atrás para recordar cómo desde las estructuras de Estado se reaccionó al referéndum del 2017. Nos recuerda Suso de Toro —aunque no hacía falta— que la gente llevaba una papeleta en la mano y se les pegaba. Y el día 3, el heredero de aquel estado fundado por militares en Burgos, justificaba, avalaba y santificaba el odio que se desencadenó. Un odio que no se encontraba en los ojos de las personas que querían votar.

Era el odio que "nace de la naturaleza de este estado", nos dice el escritor gallego, haciéndonos ver cuán curioso es que en el debate público de un estado fundado por sacerdotes y militares no se hable ni de religión ni del ejército y la vida militar, condenándonos a una falsa inocencia infantil con la cual nos quieren hacer ver que las cosas más importantes y decisivas no existen. O pasan como si nada, sin hacer ruido. O que la salud puede jugarse a la ruleta de los ganadores. Unos vencedores entorchados que destacaban, en rueda de prensa en la primera ola de la Covid-19, lo importante que era que la Guardia Civil hubiera detenido a los ladrones de 30 kg de naranjas y limones "que fueron devueltos, gracias a Dios, a sus dueños".