Pedro Sánchez anunció el cambio de nombre del aeropuerto de El Prat durante el Consejo de Ministros de Barcelona el 21 de diciembre de 2018. El decreto del cambio de nombre obedecía a una clara política de damnatio memoriae, o “toponimia de la victoria”, en este caso dejando claro a todos los catalanes que vivimos los hechos de 2017 que a lo máximo a lo que podremos aspirar, de ahora en adelante, es a una autonomía condicionada. Llevarnos de nuevo a los pactos de 1978, a Tarradellas, al Estatut de Sau. Decidieron llevarnos de nuevo hacia atrás y decretaron a los ciudadanos de Catalunya que, en efecto, ya está aquí.

En diciembre de 2007, centenares de entidades empresariales, sociales y culturales catalanas firmaban un manifiesto reclamando la gestión descentralizada del aeropuerto de Barcelona. Hoy, en 2025, celebramos un acuerdo para una ampliación sin que en medio haya habido ni un solo gesto de traspaso competencial. El president Illa se felicitaba por un acuerdo sobre una infraestructura sobre la cual la Generalitat tiene cero competencias, y si ha podido contribuir a desbloquearlo ha sido gracias a la única competencia que tiene sobre el asunto: todo lo referente a la Ricarda, a la conservación del espacio natural y a la ornitología. El alcalde de Barcelona, que también se mostraba ufano, tampoco ostenta ninguna competencia sobre la infraestructura y ni siquiera se ha dignado a dar voz a las reclamaciones del municipio de El Prat. Y el ministro Urtasun se limitó a comprar la Casa Gomis para el Ministerio, para hacer aún más evidente la incapacidad de la Generalitat para comprar terrenos y patrimonio arquitectónico en su propio territorio.

“Hay que ser un catalán internacional”, decía Joan Miró cuando se dirigía a París en 1919, pocos años antes de que Ernest Hemingway adquiriera su cuadro La Masia. Su intención, con su mural en el aeropuerto de El Prat, con la escultura Dona i Ocell y el mosaico del Pla de l’Os en La Rambla, era dar la bienvenida a los visitantes que llegasen a la ciudad por tierra, mar o aire. El nombre de Joan Miró internacionaliza, es un nombre que no hace escala en Madrid, como tampoco lo haría el nombre de Pau Casals: Josep Tarradellas hizo escala en Madrid el 20 de octubre de 1977, antes de llegar a Barcelona. Eso, en un aeropuerto que se quiere ampliar supuestamente para dejar de hacer escalas en Madrid pero que ni siquiera puede gestionarse autónomamente, ya lo dice todo.

Madrid tendrá pista libre y más amplia para hacer y deshacer

Tendremos más pista, pero Madrid decidirá si aterrizarán vuelos low cost o vuelos internacionales directos. Y cuáles. Y con qué frecuencia. Con qué destinos, con qué precio, con qué intención económica o social, con qué nivel de prioridad para el talento y los congresos o qué nivel de prioridad para el turismo, con qué régimen, qué compañías, bajo qué condiciones. Madrid tendrá pista libre y más amplia para hacer y deshacer, a través de una empresa, AENA, participada mayoritariamente por el Estado y presidida por un militante socialista como Maurici Lucena. ERC y comunes han dejado claro que no quieren la ampliación, pero han dejado patente que no pueden (o no quieren) impedirla esta vez. Junts parece querer tanto la ampliación como el traspaso de la titularidad o la gestión. Y el PSC, ajeno a todas estas demandas, se coordina con el PSOE (que es quien manda en todo este aspecto) y después nos lanza su “el Govern de todos”. Todo un preludio de cómo irá el debate sobre la financiación.

Un aeropuerto Joan Miró no hace escala en Madrid, un aeropuerto Josep Tarradellas sí. Como hace escala el PSC, como hacen escala Salvador Illa y Jaume Collboni. Como hacemos escala todos desde el día en que decidimos, en lugar de usar las pistas para despegar, usarlas para coger el puente aéreo.