Una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado, como todo hacía prever, la ley de amnistía, aprobada en 2024 como parte del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez suscrito entre el PSOE y JxCat y ERC, ahora la pregunta que se formula todo el mundo es qué harán los órganos judiciales españoles: ¿la aplicarán de una vez conforme a la doctrina fijada desde Europa o también se la pasarán por el forro como han hecho hasta ahora? El temor ha sido siempre el mismo —¿Y si Europa avala la amnistía y España no la aplica y no deja que Puigdemont vuelva?— y a estas alturas ni siquiera la sentencia del TJUE, a pesar de la contundencia de los argumentos en favor de la medida de gracia, lo ha desvanecido.
No solo eso, sino que, de hecho, la opción que gana fuerza a medida que transcurren las horas es que, haya dicho lo que haya dicho Europa, España procederá como es habitual y, a la quijotesca manera, efectivamente se pasará por el forro la decisión del TJUE. ¿O es que alguien se ha imaginado nunca que la casta judicial de los Manuel Marchena, Pablo Llarena, Carmen Lamela y compañía dejaría que Carles Puigdemont volviera a Catalunya —la aparición de ocho segundos del 8 de agosto de 2024 en Barcelona, el día de la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat, fue una boutade— de otra manera que no fuera esposado? Nunca permitirá que pise suelo catalán en libertad, aclamado por sus seguidores como si de un nuevo triunfo ante la justicia española se tratara, que es lo que sería realmente.
Les da igual si prevarican porque, como lo hacen y no les pasa nada, tienen carta blanca para hacer y deshacer como mejor les plazca
Dicho de otra manera, el Tribunal Supremo (TS), que es el órgano al que corresponde la aplicación de la amnistía a los encausados por la celebración del referéndum de independencia del Primer d’Octubre de 2017, y la Audiencia Nacional (AN), que debe hacer lo mismo en el caso de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo, no la piensan aplicar independientemente de lo resuelto por el TJUE y de lo que sentencie el Tribunal Constitucional (TC) de acuerdo con la doctrina europea. Les da igual si prevarican, que de hecho es lo que hacen desde el primer momento, porque, como lo hacen y no les pasa nada, tienen carta blanca para hacer y deshacer como mejor les plazca. Por ahora, y a diferencia de todos los afectados que lógicamente quieren que la amnistía se les aplique de manera inmediata y sin más dilaciones, antes incluso de que los jueces se vayan de vacaciones, el mensaje que llega desde los tribunales españoles es que no hay prisa, que se lo tomarán con calma y que cuando toque —por no decir cuando les parezca— ya verán qué deciden.
El primero que debe pronunciarse es el TC, sobre los recursos de amparo presentados por los condenados justamente por no haber sido amnistiados, pero no tiene previsto hacerlo hasta otoño, y luego ya se verá qué hacen, y cuándo lo hacen, el TS y la AN. En todo caso, vale más que nadie se vuelva a hacer ilusiones que luego se acaban desvaneciendo como la niebla un día de verano, que tampoco esta vez, aunque dé el efecto de que es la definitiva, lo será. Y si, por una de esas cosas, lo es, mucho mejor para todos. Pero los tribunales españoles nunca defraudan, no lo han hecho hasta ahora desde que el juez instructor del TS Pablo Llarena se inventó aquella acusación de rebelión tumultuaria que más bien parecía un relato de mal gusto que una argumentación procesal seria y, dadas las circunstancias, tampoco lo harán a partir de ahora. De hecho, el propio magistrado ha tenido la cara de afanarse en hacer saber que no pensaba levantar la orden de detención del líder de JxCat porque, según él, la sentencia del TJUE no le afectaba. Ya pueden esforzarse todos, incluido el propio president de la Generalitat, Salvador Illa, a reclamar una aplicación "rápida, diligente e integral" de la ley de amnistía, que todos los indicadores apuntan a que la justicia española se la volverá a pasar, efectivamente, por el forro. Los más optimistas que creen que instancias como el TS no tienen nada que hacer en la negativa a implementarla, deberán hacérselo mirar.
El resultado de una situación tan rocambolesca como esta puede provocar que algunos de los encausados se queden en el limbo a perpetuidad, colgados sin ninguna posibilidad de reacción en ningún sentido. Porque, por ejemplo, mientras el TS no levante la orden de detención que pesa sobre Carles Puigdemont si entra en España, el 130.º president de la Generalitat no podrá volver a Catalunya sin riesgo de ser detenido —el escenario aplica al resto de exiliados, los exconsellers Lluís Puig y Antoni Comín—, que es exactamente lo contrario del espíritu de la ley y de la sentencia del TJUE. Sin embargo, determinados jueces españoles, se ha comprobado que son capaces de esto y de mucho más, aunque sea a costa de amargarle la vida a alguien, que es lo que han pretendido desde el primer día con el líder de JxCat. Una mala jugada que, más allá de las discrepancias políticas lógicas que existen entre los representantes de los diferentes partidos, es del todo reprobable y debería ser condenada sin paliativos por todo el mundo.
La sensación es que en España hay tribunales que pueden actuar con total impunidad y el problema es que no haya nadie, dentro del mismo Estado español o desde las instituciones de la Unión Europea (UE), que se lo impida. ¿Significa que a quienes gobiernan en un lugar y en el otro ya les va bien que sea así y que haya alguien que haga el trabajo sucio? ¿Significa que quienes gobiernan en un lugar y en el otro no tienen capacidad de hacer nada porque ellos también están sometidos a las directrices de los poderes ocultos, que son los que mandan de verdad? Sea como sea, la insumisión de determinados segmentos de la judicatura española pone en cuestión los fundamentos mismos de la democracia tanto en España como en Europa, donde precisamente en los últimos tiempos la calidad democrática ha estado en algunos casos en entredicho.
Todo ello hace que el aval del TJUE a la amnistía no pueda considerarse, a pesar de las proclamas interesadas de Carles Puigdemont, de Oriol Junqueras y de otros dirigentes de JxCat y ERC, una victoria del independentismo. Más allá de las situaciones personales que ayudará a resolver, políticamente es la certificación de la rendición de los partidos procesistas a cambio de poner punto final a la aspiración de independencia de Catalunya. Por eso estas fuerzas políticas están cada día más alejadas de la gente que sí sigue queriendo la separación de España.