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1. La mentalidad del esclavo arraiga entre los atribulados articulistas que, sin encomendarse a Dios ni al Diablo, se han apuntado a dar la razón al TSJC en la disputa sobre si era legal o no aplazar las elecciones del 14-F. A pesar de la campaña de los medios unionistas, volcados a favor de promover el denominado efecto Illa, los juristas más solventes han dejado claro que el auto del TSJC no cuestiona en ningún momento la validez jurídica del decreto de suspensión de las elecciones en la fecha prevista inicialmente, ni la competencia del vicepresidente en funciones de presidente para firmarlo. En su última columnaJoan Queralt ponía en su sitio a los que, sin saber nada de leyes, se han apuntado a la campaña política, promovida por los entornos socialistas y antiguamente convergentes, criticando en contenido del decreto 1/2021. “Lo primero que hay que hacer para hablar de derecho es saber leer” —escribe el benemérito catedrático de la UB—, para pasar a comparar los decretos vasco, gallego y catalán de aplazamiento electoral. No tan solo llevan el mismo título (“dejar sin efectos las elecciones convocadas”), y son prácticamente idénticos, sino que el decreto catalán, a diferencia de los otros dos, fija la fecha de las elecciones si la situación mejora. No es un aplazamiento sine die: “O sea que la disposición catalana garantiza la seguridad jurídica de manera mucho más satisfactoria, fijando un techo temporal”. Esperemos que, a copia de aprender a leer, los medios de comunicación, en especial los públicos, dejen de intoxicar dando voz a juristas insolventes y desconocidos que están en plena campaña españolista. Por encima de todo se trata de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.

2. En el libro Antisocial. La extrema derecha y la ‘libertad de expresión’ en internet, traducido hace muy poco al castellano por Txalaparta, el periodista estadounidense Andrew Marantz reflexiona sobre lo que aquí sabemos desde tiempo atrás. Si das voz a las mentiras de los extremistas, el resultado es que aceptas la credibilidad de todo tipo de teorías, todas ellas falsas o torticeras, para abonar un pensamiento único, intransigente, que culpabiliza a las minorías de las supuestas desgracias de la mayoría. Después de la suspensión de las cuentas de Donald Trump en las redes sociales, ha reaparecido el debate sobre los límites de la libertad de expresión. Lo que vale para las redes sociales, debería valer para los medios de comunicación. Cuando Albert Rivera solo era un juguete en manos de los poderes fácticos, los medios de comunicación le dieron tanta cancha que, al final, consiguieron que fuera conocido. Fue una campaña de marketing gratuita, incluso en los medios públicos, que no tienen obligación alguna de dar voz a cualquiera por el simple hecho de que los medios privados (siempre interesados) lo consideren noticiable. Ahora TV3 y Catalunya Ràdio vuelven a caer en ese error con Vox. Le dan voz los mismos periodistas que desde aquí celebran que Twitter y Facebook hayan amordazado a Donald Trump. 

3. Es preferible acabar con la libertad de expresión de Trump por difundir mentiras que contemplar, como si ello fuera lo más normal del mundo, el hundimiento de la democracia. Parecía que esta lección la humanidad entera —o cuando menos el mundo occidental— ya la había aprendido después del ascenso de los totalitarismos. Queda mucho camino por recorrer, porque es evidente que más de la mitad de la población mundial vive sometida a regímenes dictatoriales o autoritarios. La democracia es un sistema en peligro incluso en estados constitucionales, supuestamente democráticos, de la UE. España no es ninguna excepción. Al contrario, la apelación constante al constitucionalismo ha servido —y sirve— para tener tribunales especiales, torturar, cerrar diarios, encarcelar activistas, destituir gobiernos, etcétera. Cuando empezó la pandemia, el gobierno de los progres, militarizó las ruedas de prensa. El JEMAD, el general Miguel Ángel Villarroya, salió para dar el típico discurso militarista que antes solo gustaba a los fascistas y a los comunistas. Con el episodio de la vacunación premium de los militares (“cuya valentía se les supone”), hemos constatado para qué sirve la palabrería patriótica: es una cortina de humo que usan los privilegiados. Quien también tendría que haber dimitido es la ministra Margarita Robles, una antigua juez incapaz de contener a los golpistas de WhatsApp y a los traidores al pueblo. 

4. La sumisión es el pecado que cometen los débiles. Hay quien es sumiso para conservar su puesto de trabajo (la lista de articulistas es larga). Hay quien lo es por naturaleza, por cobardía innata. Hay quien se siente cómodo mirando para otro lado mientras se adapta a las circunstancias por miedo. Vivir es un compromiso, que a veces comporta sacrificios con brutales consecuencias. En España la catalanofobia, que es muy agresiva, tanto como lo es el supremacismo blanco en los EE.UU., y que afecta también a destacados dirigentes socialistas, es una forma de xenofobia. Se podría rodar un anuncio como ese de las cervezas que echan mano de Lola Flores para decir que tener acento catalán en España te convierte en sospechoso, aunque pertenezcas al grupo de los catalanes cobardes, a los agradecidos con un poder que a menudo solo perciben desde la distancia. Si tienes acento catalán y eres independentista, sencillamente entras en la categoría de los delincuentes. “Nadie puede hacer de ti un esclavo, si tú no piensas como esclavo” era una de las muchas recomendaciones que el reverendo Martin Luther King daba a los defensores de los derechos civiles en los EU.UU. Valía para los luchadores afroamericanos, pero sigue vigente para los que, ciertamente, quieren liberarse de un régimen constitucional, el del 78, que les impide, incluso con mentiras, ser libres.

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Bea Talegón
Opinión Lo del TSJC Bea Talegón