1. La represión contra el independentismo matará la democracia española. No existe una izquierda española poseedora de la bondad y una derecha, también española, o españolista, que sostenga en exclusiva la maldad. El discurso de la izquierda siempre resulta más amable hasta que las cosas se ponen chungas. Entonces la amabilidad se acaba. Los jueces de la derecha son descaradamente más injustos que los de izquierdas porque dictan sentencias movidas por un pensamiento reaccionario. Pero la izquierda no se queda corta. ¿Quién puede olvidar, aunque hayan pasado muchos años, la llamada “operación Garzón” contra personas relacionadas con el movimiento independentista, por presunta pertenencia a Terra Lliure? Ocurrió en el verano del año olímpico y el juez Baltasar Garzón aprobó la incomunicación de veinticinco de los detenidos, diecisiete de los cuales denunciaron haber sido víctimas de torturas. Garzón menospreció las denuncias. Doce años después, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España (ver la sentencia) por haber violado el artículo número 2 de la Convención contra la Tortura por el hecho de haberse negado a investigar las denuncias por maltratos, a pesar de las evidencias existentes. Garzón fue recompensado por el PSOE y en 1993 se convirtió en el fichaje estrella de Felipe González para las elecciones de aquel año. El servilismo tiene premio en el mundo del hampa.

2. El ejemplo de Garzón, que acabó mal por sus ambiciones personales insatisfechas, no es el único. El actual ministro del Interior del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, el juez Fernando Grande-Marlaska, también fue condenado por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo por permitir las torturas a detenidos vascos. Su desprecio por el estado de derecho quedó demostrado por una autoridad realmente independiente. Pero aquí le tienen, él también tuvo su recompensa y hoy en día se sienta en el consejo de ministros de Pedro Sánchez mientras permite que su segundo en el ministerio reescriba la historia de la jefatura de Via Laietana, un monumental centro de tortura del franquismo. ¿Qué hipocresía es esta que el mismo gobierno que impulsa una ley de memoria democrática es a la vez el que lava la cara al franquismo? Si España fuera realmente un estado europeísta y la izquierda española no tuviera la cara dura de justificar la vulneración de los derechos humanos, porque vulnerarlos cuando se trata de independentistas es patriótico, quizás serían creíbles algunos cambios de actitud. La represión de 2017 contra el independentismo fue cosa de tres, PP-Cs-PSOE, si bien el promotor fue Mariano Rajoy, como no podía ser de otra manera dado que era el presidente del gobierno. El modo como el PSOE defendió la represión no difirió mucho de cómo lo argumentó el PP. El PSC se partió en mil pedazos porque algunos dirigentes no compartían la deriva autoritaria del PSOE y no porque los que se apearon abrazaran el independentismo. De hecho, se puede decir que la mayoría sobrevinieron independentistas tácticos, como ya expliqué en la columna anterior. El PSC actual es la viva imagen del PSOE de entonces, que ya estaba presidido por Pedro Sánchez, y está muy lejos del espíritu catalanista fundacional de 1978.

Los partidos españoles tienen secuestrada la Constitución. La han convertido en una herramienta para esparcir el terror

3. La represión se manifiesta de muchas formas. La más grosera es la persecución extralimitada del TCu que hemos visto la última semana. El problema no es que el TCu reclame fianzas y ejecute embargos preventivos —eso también lo hace así Hacienda—, sino cómo argumenta no aceptar el aval del fondo del ICF. El fondo es legal y fue aprobado por el Gobierno y validado por el Parlamento cuando se tramitó como proyecto de ley con las modificaciones sugeridas por el Consejo de Garantías Estatutarias. A pesar de las críticas, nadie lo impugnó. El TCu no es una corte judicial y por lo tanto no puede actuar como si el investigado ya estuviera condenado. Es sospechoso que el anuncio del pacto entre el PP y el PSOE para renovar los miembros caducados de los altos órganos del estado, incluyendo los del TCu, coincidiera con la decisión de este tribunal de no aceptar los avales del ICF. Tenemos derecho a dudar de la buena fe del PSOE. ¿Es que resulta descabellado pensar que Pedro Sánchez haya podido pactar con Casado la renovación a cambio de dar esa colleja a los independentistas? Es un pacto de ganar-ganar, porque los dos partidos españoles consiguen lo que deseaban. El PSOE conoce muy bien a los políticos catalanes y ya es desgracia que ante la arbitrariedad del TCu los republicanos y los independentistas se pongan a competir para ver quién de los dos aporta más dinero de la caja del partido para afrontar las fianzas. Tanta generosidad no les va a servir para convencer a una ciudadanía que ya no alimenta la Caixa de Solidaridad como lo hacía anteriormente.

4. “No condenamos el independentismo, sino los actos “ilegales” de los independentistas”. Así justifican desde los entornos socialistas la represión implacable y los indultos. Los partidos españoles tienen secuestrada la Constitución. La han convertido en una herramienta para esparcir el terror. Si el Tribunal Constitucional no fuera un órgano tan descaradamente partidista, quizás se ajustaría a uno de los grandes principios de la Revolución Francesa: “el pueblo hace la revolución, el legislador hace la república”. Pero España avanza cada vez más como los cangrejos. En vez de deshacerse del pasado franquista, el espíritu del franquismo se convierte en protagonista de la vida pública, incluyendo la monarquía. Que muchos catalanes lo justifiquen no significa que no sea cierto. También hubo muchos catalanes franquistas y este hecho no niega que el franquismo se ensañó contra el catalanismo y la lengua y la cultura catalanas. Incluso los nazis se sirvieron de los cómplices judíos para perpetrar el Holocausto. No lo digo yo, ya lo denunció en su tiempo Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén (1963). En términos éticos, manifestarse en contra de la represión no puede depender de que te afecte o no directamente. En España, es un hecho contrastado que los políticos y el “pueblo” están más predispuestos a perdonar la corrupción del rey Juan Carlos —que es impúdica, bestial, medieval y, evidentemente, delictiva—, que la aspiración del independentismo de separarse. Es esta política de la irracionalidad la que lleva a la represión sin freno. El odio étnico contra los males catalanes, contra los que reclaman poder decidir conjuntamente el futuro, es una debilidad de la democracia española que por lo que parece no preocupa nada a entidades como por ejemplo el Cercle d'Economia. “Demostráis vuestra virtud o entráis en las cárceles” es lo que han reclamado todos los tiranos con la excusa del imperio de la ley. Una virtud entendida como ejercer la fuerza, como expresión del vigor estatal. El Tribunal de Orden Público (TOP) dictó muchas sentencias contra los demócratas antifranquistas con este argumento.