El Gobierno ha programado para el 21 de diciembre la celebración en Barcelona de un Consejo de Ministros. Supongo que la elección de la fecha no es casual. Aquel día se cumplirá un año desde que tuvieron lugar las últimas elecciones autonómicas que volvió a ganar el soberanismo republicano, a pesar de que el partido más votado fuera Ciudadanos. Recordemos las cifras y los porcentajes, porque a veces los comentaristas olvidan la realidad. Los resumo por bloques. Los partidos independentistas recogieron 2.079.340 votos (47.5%), mientras que los unionistas recibieron 1.898.371 votos (43.47%). Catalunya en Comú, 326.360 (7.46%). Ajustada o no, la victoria soberanista revalidó, además, el liderazgo de Carles Puigdemont, que desde ese mismo momento se convirtió en una molestia para mucha gente. En las peores condiciones, el soberanismo retuvo la mayoría con una participación del 79,04%, que es extraordinaria.

A poco días de cumplirse un año de aquel episodio, la situación política en Catalunya no mejora. La prensa unionista le da la culpa al independentismo, que no afloja en su objetivo de lograr la independencia por vías pacíficas. El Estado ha aplicado todo tipo de medidas para descabezar el movimiento soberanista, menos negociar, que es lo que habría puesto las bases de una solución democrática al conflicto. Lo ha rechazado porque el nacionalismo español reacciona como los asediadores cuando se trata de defender la “unidad de la patria”. Si para defender la supuesta españolidad de Gibraltar, el gobierno socialista ha reaccionado como lo habría hecho Franco, imagínense ustedes qué no hará para evitar la independencia catalana. El nacionalismo español es prepolítico. Es sentimental y esencialista, rematadamente étnico. No es inclusivo, dicho en pocas palabras, y por lo tanto la agresividad sustituye el consenso democrático.

La causa democrática hace tiempo que perdió el apoyo de gente que dice ser de izquierdas

La arbitrariedad de muchos jueces españoles, que para otros es prevaricación, ha acentuado el divorcio entre el soberanismo y el unionismo. Pero, también, entre el movimiento soberanista catalán y aquellos que acusan al gobierno Puigdemont de haber violentado la democracia y que por ello merece el exilio o la cárcel. Siempre habrá gente a quien se le revuelva el estómago ante una maniobra parlamentaria (más o menos elegante, más o menos acertada) y, en cambio, le parecerá lo más natural del mundo que el Tribunal Constitucional vulnere los derechos de los presos políticos para evitar que puedan recurrir a la justicia europea. La causa democrática hace tiempo que perdió el apoyo de gente que dice ser de izquierdas. Carlos Jiménez Villarejo, por ejemplo, el antiguo fiscal anticorrupción, acaba de publicar un libro, Cataluña, mitos y resistencia (El Viejo Topo), que habría podido escribir un militante de Vox. En realidad, asume todo el argumentario de este partido de extrema derecha constituido en acusación particular contra el procés. Está claro que de tal palo tal astilla, pues al final las afinidades electivas demuestran, si se rasca un poco, que el propietario de la editorial, Miquel Riera, el líder espiritual de Vox, Alejo Vidal Quadras, y Villarejo acaban formando una comunidad que asocia los dos extremos del totalitarismo (comunismo y fascismo) contra el independentismo.

Jiménez Villarejo cree que la acusación de rebelión se ajusta a derecho y que la cárcel preventiva aplicada a los nueve dirigentes independentistas es una medida proporcional al daño causado. Está claro que Villarejo basa su argumento en una gran falacia: que el independentismo es un movimiento autoritario porque excluye “la mayoría social que representan los partidos constitucionalistas y en el ejercicio vacío de la autoridad por parte del Govern por el simple hecho de ser autoridad y punto”. Compadezco a quienes han sido acusados por este señor. ¿Cómo se mide la mayoría social en una democracia liberal? Si al principio he querido recordar quién ganó en verdad las elecciones del 21-D, convocadas bajo la aplicación del 155 y con la represión en marcha, ahora debo recordar el resultado de las elecciones anteriores, las que legitimaron la mayoría soberanista que organizó el 1-O. Los partidos independentistas ganaron con 1.957.348 votos, un resultado que porcentualmente es prácticamente idéntico al de 2017, 47.74%, y el unionismo sumó 1.605.563 votos, lo que supone el 39.17%, cinco punto menos. Los comuns, que entonces se presentaron con unas siglas imposibles de pronunciar, obtuvieron 469.364 votos (11.45%). La participación fue del 77.44%, que no se puede decir que fuera baja.

Afirmar, como hace Jiménez Villarejo, que “el Govern no satisface las necesidades de la ciudadanía”, es simplemente una opinión. Incluso se podría argumentar lo contrario. El Govern tenía un mandato, que era poner los medios para que la ciudadanía decidiera sobre la relación con España, y el fundamentalismo constitucionalista lo impidió por la fuerza. Jiménez Villarejo es un viejo comunista a quien no le preocupa la vulneración de los derechos de los presos políticos (él no los considera así), que supongo que un día acabará asumiendo la vomitiva conclusión de Rosa Maria Sardà, otra representante de esta izquierda casposa, nostálgica del vodka, que en una entrevista reciente ha afirmado que los presos “no son víctimas de nada, han elegido su destino”. Como los pobres, supongo, que el capitalismo estrangula y mata de hambre.

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