Llegamos a la jornada de reflexión después de una campaña irregular, marcada por la represión del Estado en contra de los partidarios del y una nada disimulada campaña abstencionista de los partidarios del no. No sé qué pasará este domingo, porque el Estado es imprevisible y seguro que intentará las mil y una maniobras para alterar la normalidad. El Estado se ha convertido, de facto, en el principal alterador del orden público. Quiere generar el caos. Lo escribí en otro artículo y no insistiré en ello. Las medidas represivas y el control presupuestario se extienden más allá de la Generalitat. Hay centros de investigación que son fundaciones privadas con un exiguo 1% de participación pública que también han sido intervenidos simplemente para amedrentarlos. No sé si el Estado ha calibrado bien las consecuencias del autoritarismo que gasta. Mucha gente que inicialmente no pensaba votar, a raíz de la represión ha cambiado de opinión. Además, la impunidad represiva ha reactivado las movilizaciones callejeras, como la de los estudiantes.

En quince días de campaña hemos podido ver quién es quién y quién hace qué. Reseguir la biografía de los agentes de la represión, por ejemplo la del presidente del Tribunal de Cuentas, o la del coronel de la Guardia Civil que intenta controlar el Mozos, la de los magistrados y fiscales, etc., es como volver al franquismo. Álvarez de Miranda, Pérez de los Cobos, Romero de Tejada, Romay Beccaría, Méndez de Vigo y otros muchos, son ilustres apellidos ligados a la dictadura franquista. Ahora, transcurridos cuarenta años de decreto de restitución de la Generalitat de Catalunya, que fue el único acto de ruptura real con la dictadura, es más evidente que antes que la Transición proporcionó un salvoconducto al personal de la dictadura y a sus herederos, quienes perpetúan su memoria y su comportamiento. El franquismo también dio apariencia de legalidad a la represión. El Real decreto Ley 1/1977 (BOE de 5 de enero 1977) que creó la Audiencia Nacional maquilló las competencias del antiguo Tribunal de Orden Público (TOP) franquista sin restarle, sin embargo, las atribuciones de tribunal político. Es por eso que ahora este órgano jurisdiccional único (porque no está descentralizado) ha admitido la denuncia de la Fiscalía por sedición por los sucesos de Barcelona de los pasados días 20 y 21.

El Estado se ha convertido, de facto, en el principal alterador del orden público

La unidad de España tiene muchos partidarios en Catalunya y es una estupidez intentar negarlo. Pero los partidos unionistas no han entendido el cambio de discurso de los independentistas. No han prestado atención a la cuestión y por eso caen en el error del PP, que lanza vídeos en la red acusando a los independentistas de hispanofobia, o recurren a un corazón con tres banderas, como si el conflicto Catalunya-España fuera una confrontación sentimental, que es el relato de Ciudadanos. El actual combate es político y no identitario. La identidad no es lo que se debate en estos momentos, si bien los ataques a la lengua catalana, aquí y en todo su ámbito cultural, y el intento de trocearla y convertirla en una lengua residual y fuera de las aulas, también han contribuido al crecimiento del independentismo. Pero lo que más ha contribuido su expansión es la sensación de discriminación permanente que tienen muchos catalanes, sean cuales sean sus orígenes étnicos, lo que se agravó a raíz de la crisis económica, que fue cuando quedó más claro que nunca que la autonomía no era el instrumento adecuado para tomar las grandes decisiones. Siempre se está a merced del Estado, que es quien realmente tiene el poder. Les pondré un ejemplo reciente. El Tribunal Constitucional (TC) admitió el pasado jueves a trámite el recurso que el gobierno del Estado presentó en contra de la ley catalana que graba los bienes de lujo. Sólo ha durado cinco meses, puesto que a la espera de que el TC se pronuncie sobre el asunto, la norma ha quedado suspendida temporalmente. Si no puedes actuar fiscalmente, ¿qué es realmente el autogobierno? Nada. Ayer mismo, el Consejo de Ministros aprobó la presentación de un recurso de inconstitucionalidad en contra de las leyes catalanas de seguridad social, de prevención de los desahucios y la de voluntades digitales. En fin... Una desconstrucción del autogobierno en toda regla.

Al aspirar a tener un Estado propio nos hemos dado cuenta de que éramos menos que una autonomía

Estos días también que quedado claro que el Título VIII de la Constitución es papel mojado. Al aspirar a tener un Estado propio nos hemos dado cuenta de que éramos menos que una autonomía. Con solo un fiscal y dos directivas de la Moncloa — escribía recientemente Xavier Bosch—, las finanzas de la Generalitat han quedado intervenidas y la Guardia Civil vuelve a campar a sus anchas por pueblos y carreteras. La Constitución no es garantía de nada, porque muchas de las competencias atribuidas a Catalunya son fruto de la negociación posterior, de aquel “peix al cove” pragmático pero que dejaba las normas en manos de la arbitrariedad política. En definitiva, que los famosos padres de la Constitución no fueron tan buenos como nos los quieren vender. Eso ya lo sabía Josep Benet, a quien se lo oí decir hace años cuando servidor era su secretario. Hicieron lo que pudieron, en todo caso, ayudados por la presión popular, como la que ejerció aquella gran manifestación del 11-S de 1977. Sin los efectos cauterizadores de la movilización popular de entonces todavía habría quedado más claro que Catalunya seguía siendo una franquicia de España.

El 1-O votaremos, mejor o peor, pero votaremos para decidir si Catalunya tiene que ser un Estado independiente o no. No se trata de echar a Mariano Rajoy de la Moncloa o de invitar a los españoles a poner en marcha su propia revolución, votamos independencia o no. 5.3 millones de catalanes y catalanas están llamados a votar en 2.315 colegios electorales. La policía española lleva días intentando impedirlo, pero mi impresión es que Donald Trump tenía razón cuando advirtió a Mariano Rajoy que la gente quiere votar. “That's all folks!”, que es como acaban los dibujos animados de la Warner. Si gana el no echaremos en falta ese The Looney Tunes Show a la española del barco anclado en el puerto de Barcelona. Al día siguiente empezará una nueva etapa, tan difícil como la actual, pero con una correlación de fuerzas distinta.