España tiene un gobierno irresponsable y sin embargo es responsable, cuando menos en parte, de las más de seis mil muertes que ya se ha cobrado la pandemia. Las declaraciones de los responsables gubernamentales desde que empezó la crisis sanitaria se han convertido en un festival de incongruencias. Al principio parecía que lo afrontaban correctamente. Incluso lo escribí, pero enseguida se vio que ni Salvador Illa es un buen ministro, ni siquiera un buen político, y que el doctor Fernando Simón y su equipo un día defiende una cosa y al día siguiente otra. La sensación de indefensión es muy alta. El Estado hace una exhibición exagerada de un militarismo impropio de las democracias consolidadas para tapar la ineficiencia de las decisiones que toma. Si lo piensan un poco, en realidad esta crisis está demostrando que España es un estado fallido, con una crisis múltiple profunda. Que la monarquía haya estafado a los españoles cincuenta veces más que la familia Pujol a los catalanes y que no ocurra nada, ya es demostración de la corrupción moral que acompaña el fin del régimen del 78. La reprobación debería ser unánime, pero los primeros que quieren ocultarlo son el PSOE y Podemos.
El gobierno de coalición progresista español está en crisis. Con cada comparecencia pública, Pedro Sánchez se hunde un poco más. En la última intervención, en la que aceptó, sin reconocerlo, la posición del presidente Torra sobre el confinamiento total, Sánchez no pudo evitar que se notara que no sabía cómo contener la pandemia. No tiene liderazgo político, pero, es que, además, no tiene el dinero para paliar los efectos económicos de la pandemia. El gobierno progresista se gastó más de cuatro millones de euros en propaganda patriótica y más de medio millón para comprar unos tests inservibles. ¿A quién extraña que, ante un gobierno que gasta el dinero y se no sabe cómo, el ministro de finanzas holandés, Wopke Hoekstra, haya puesto el grito en el cielo? Los alemanes y los holandeses están hartos y les ocurre como a los catalanes con el déficit fiscal y la subvención permanente de la ineficiencia. Cuando algo está podrido, el mal olor se esparce.
El Estado hace una exhibición exagerada de un militarismo impropio de las democracias consolidadas para tapar la ineficiencia de las decisiones que toma
Esta crisis tendrá efectos muy fuertes, no me cabe ninguna duda. Efectos macroeconómicos. Pero, de momento, esta semana se acaba el mes de marzo y lo importante para los ciudadanos será la microeconomía. Después de quince días de confinamiento de buena parte de la población, con las tiendas cerradas y las pequeñas y medianas empresas a medio gas, ¿qué ha hecho el gobierno progresista? Pues engañarnos. El gobierno español anunció con toda la pompa que las empresas pasaban a tener prohibido el despido de trabajadores a causa del coronavirus, pero el decreto que se publicó el sábado en el Boletín Oficial del Estado decía algo muy diferente. Las empresas, por lo tanto, sí que podrán despedir, pero tendrán que pagar 33 días por año trabajado al empleado (en vez de los 20 días que se pagan en el caso de los despidos procedentes). Este es un ejemplo de los muchos engaños que difunde el gobierno Sánchez-Iglesias, que desmienten los aspavientos del presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, que una vez más ha demostrado hasta qué punto el empresariado que representa es egoísta e insolidario. Son necesarias medidas sociales y financieras reales para no empobrecer a la población y no dinamitar todo el sistema.
Ayer domingo, el president Quim Torra participó en la reunión telemática de los líderes autonómicos con el presidente español y presentó una lista de demandas que, una vez logrado el confinamiento, vaya más allá. En concreto, Torra reclamó establecer una renta de ciudadanía para trabajadores y autónomos, así como suspender el pago de impuestos como el IVA, el IRPF y el impuesto sobre sociedades, las cotizaciones a la Seguridad Social y el pago de cuotas de autónomos. Torra también pidió aumentar la liquidez de las empresas —especialmente de las pymes—, establecer una moratoria en el pago de créditos e hipotecas, suspender el pago de suministros básicos, ampliar las condiciones de fuerza mayor porque las empresas puedan acceder a los ERTE, eliminar el objetivo de déficit y el techo de gasto para que comunidades y entes locales puedan endeudarse y hacer frente a la crisis, y establecer mecanismos de financiación y de liquidez para los territorios. Es obvio que Torra no podrá aplicar estas medidas en Catalunya si el gobierno Sánchez-Iglesias no las asume. Por el momento, Torra ya ha recibido el apoyo de la presidenta socialista de las Illes Balears, Francina Armengol.
El gobierno español es irresponsable, pero en Catalunya el presidente está muy activo. Y eso es de agradecer. Estaría bien, pues, que el Parlamento estuviera a la altura de las circunstancias y que el presidente Roger Torrent permitiera la comparecencia telemática del president Torra para dar explicaciones. Con una acción como esa ganaría todo el mundo y serviría para inyectar a la ciudadanía la confianza que no sabe transmitir el tándem Sánchez-Iglesias.