1. El Fomento del Trabajo es actualmente el refugio de políticos que han fracasado en su estrategia de pacto con los distintos gobiernos del estado. Josep Sánchez Llibre no creo que haya dirigido jamás la empresa familiar de conservas. Es imposible. Desde 1988 que acumula cargos políticos: parlamentario en Cataluña (1988-1993), senador (1992-1993) y diputado en Cortes (1993-2016) por CiU. Cuando la coalición nacionalista se disolvió y UDC se estrelló en las urnas, los seguidores de Josep Antoni Duran i Lleida buscaron refugio donde fuera. En el PSC (Ramon Espadaler) o en organizaciones de la llamada sociedad civil. Así es como en 2018 Josep Sánchez Llibre, bordeando los 70 años, accedió a la presidencia de Fomento. Desembarcó en él con destacados miembros del subsistema autonómico del régimen del 78, entre ellos Jordi Casas, quien también fue miembro destacado del Comité de Gobierno de UDC y, como Sánchez Llibre, ha ocupado todo tipo de cargos políticos desde sus inicios como concejal en el Ayuntamiento de Matadepera en 1983. Fomento, pues, está dominado por un personal, más político que empresarial, que se considera de derechas y es contrario a la independencia de Cataluña.
2. En una columna publicada en este diario el 4 de febrero de 2019, La ANC y la acción directa, servidor criticaba la tendencia a fiscalizar la política de esta organización de la sociedad civil independentista. Siguiendo esta misma filosofía, el acto del pasado jueves a la Estación del Norte de Barcelona convocado por Fomento me parece un error y su enfoque inadecuado. El inusual acto de protesta empresarial, dirigido a interpelar a los políticos catalanes, tuvo como primera característica vetar que participaran políticos, según explicaba la cronista de La Vanguardia Dolors Álvarez, para reforzar la idea de que la sociedad civil es el “poder real”. He debatido en varias tertulias de radio con Sánchez Llibre cuando era político en activo para saber que entonces afirmaba exactamente lo contrario. Para defender una idea hay que ser un poco coherente. En democracia, la legitimidad política viene avalada por las urnas donde todos los ciudadanos tienen derecho a voto —lo ejerzan o no— y no por las urnas de una asociación corporativa en concreto. Lo que diga Fomento del Trabajo tiene para mí la misma consideración de lo que pueda proponer como hoja de ruta independentista la ANC o Òmnium, dado que son tres asociaciones de las que no soy socio. Mi voluntad, como la de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, se expresa en las urnas y son los políticos los encargados de gestionar las políticas públicas con el acuerdo, si es posible, de las entidades de la sociedad civil. El 14-F votamos y los resultados son los que son: 52% de mayoría independentista.
3. La opinión de la sociedad civil jamás puede sustituir a las urnas. La mayoría parlamentaria en Cataluña es hoy independentista y de centroizquierda, aunque eso choque con la ideología derechista y autonomista de Josep Sánchez Llibre y compañía. Da igual. Los empresarios ya deberían saberlo. Pero también tendrían que ser valientes. Quienes han querido comparar el acto de jueves con el encuentro empresarial de 2007 en IESE se equivocan de medio a medio. Para empezar, por la naturaleza de los convocantes. En IESE, la Asociación Catalana de Profesionales (APC) una asociación claramente soberanista, reclamaba que el aeropuerto del Prat, en Barcelona, se convirtiera en un hub de conexión de vuelos intercontinentales, y que la gestión de esta infraestructura fuera individualizada y se hiciera desde el territorio. Han pasado los años y no ha ocurrido nada de eso porque el modelo de gestión del aeropuerto sigue siendo el mismo que en 2007. En realidad, la tónica general, en infraestructuras y en otros muchos aspectos, ha sido la centralización, que es lo contrario a lo que reclamaban las 196 entidades que se adhirieron al acto. En el manifiesto de la Estación del Norte, Fomento solo se queja de la alteración del orden público, señalando con el dedo acusador al Gobierno y al Ayuntamiento de Barcelona, sin entrar en la base del problema que ha provocado los disturbios: la persecución política y un paro juvenil que se ha visto incrementado en un 35% desde 2019.
4. Puesto que los señores de Fomento —y digo señores, hoy 8 de marzo, porque la paridad en el mundo empresarial prácticamente no existe— quieren hacer política, habrían podido empezar por plantear un cuidadoso análisis de la coyuntura. Si Fomento quiere contribuir a la normalización del país no puede esconder la cabeza bajo el ala. “Pasar página” puede ser un desafortunado lema electoral, pero nadie que quiera gobernar de verdad debería tomárselo en serio. Desde 2017 que la alteración democrática en Cataluña es bestial y lo condiciona todo. Hay dirigentes independentistas encarcelados o en el exilio; ha sido destituido un presidente después de que las elecciones del 21-D lo invistieran con una gran mayoría parlamentaria; casi 3.000 personas están pendientes de juicio, y ahora, al final, la fiscalía, que depende del estado, ha decidido perseguir a la mesa del Parlamento presidida por un diputado de ERC que el 30 de enero impidió la investidura de Puigdemont. La represión no cesa ni cuando se agacha la cabeza. Si Fomento quiere aportar algo, que empiece por servir soluciones a todo esto. El estado disfruta más organizando espectáculos de rendición de ETA y los GRAPO, aunque tengan que esperar una década para hacerlo, que favoreciendo el diálogo para resolver un conflicto político que no ha causado ni un solo muerto. Se equivocará quien crea que la solución pasa por la rendición. En Cataluña, a diferencia del País Vasco, no existe ninguna razón moral para pedir perdón por nada.
5. La curiosidad de este acto de escenificación de la derrota de ETA con la destrucción de 1.377 armas es que estuviera presente Josep Lluís Trapero encabezando la representación de los Mossos d’Esquadra. La presencia del mayor Trapero, a quien se vio conversar con Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, me lleva a pensar que el sentido institucional en Cataluña es mucho más alto de lo que van difundiendo la gente de Fomento y sus corifeos mediáticos. Ahora bien, también es verdad que, si el Gobierno catalán puede autorizar la presencia de los representantes del cuerpo policial en un acto tan propagandístico como banal que el celebrado en la escuela de guardias jóvenes Duque de Ahumada, ¿por qué cae en la trampa de no asistir al acto de celebración del 70.º aniversario de SEAT, aunque asista el Rey? ¿Por qué cede la iniciativa gubernamental a las autoridades españolas? Las presiones de la sociedad civil, en este caso independentista, han provocado que los representantes legítimos del pueblo de Cataluña, los que pasan por las urnas recurrentemente, desaparecieran de la ecuación. Actuar bajo presión del entorno en vez de gobernar, da munición al unionismo que quiere otorgarse una representación que no tiene simplemente porque dicen representar el 90% del PIB. Ni Lenin habría dicho una majadería como esa.