Aunque se resiste a morir, el régimen del 78 se muere. La agonía es larga y los responsables de las curas paliativas van trabajando para que no se le acabe la vida. La sorpresa es que el entorno cuidador no está formado tan sólo por los dos pilares del sistema, PP y PSOE, y los dos esquejes, Podemos y Ciudadanos, sino que se han añadido algunos dirigentes de los partidos nacionalistas vascos y catalanes cada vez más refractarios al proceso soberanista catalán. El miedo al cambio convierte al bloque autoproclamado constitucionalista en una orgía política que intenta seducir a políticos que nadie diría que caerían en la trampa. A menudo cuesta entender el verbo y la acción de personajes como el lehendakari Urkullu, Joan Tardà o Carles Campuzano.

La apoplejía del régimen del 78 empezó muy pronto. De hecho, la famosa transición no fue de ningún modo modélica. Eso es una fantasía, una ilusión, que se vendió desde el establishment. No hace muchos días, el historiador y sindicalista Xavier Díez publicó un largo e interesante artículo en Diario 16 que hablaba de ello. En "España se autodestruirá en 5, 4, 3...", Díez apunta las razones, que comparto, de por qué triunfó el relato que todavía ahora se sostiene que aquella transición fue pacífica y consensuada. Una balsa de aceite, en definitiva. El triunfo del PSOE en las elecciones municipales de 1979 en capitales como Madrid o Barcelona, que permitió la aparición de fenómenos como la famosa movida madrileña, maquilló el hecho de que el Estado seguía en manos de los franquistas. El salto adelante en términos económicos y sociales, o incluso educativos, no comportó expurgar del todo la cepa dictatorial de los orígenes del nuevo régimen.

La gestión del pasado se resolvió de una manera falsa, como si se hubiera promulgado una ley de punto final

La monarquía se convirtió en el nexo de unión entre los dos mundos. Y la oposición lo avaló porque el franquismo sociológico en España era más potente que el antifranquismo. Aquella debilidad se transformó en entusiasmo hacia el Rey incluso por parte de antiguos republicanos, como el propio president Tarradellas, que en 1985 fue nombrado marqués. Santiago Carrillo y los comunistas también contribuyeron tanto como pudieron. La gestión del pasado se resolvió de una manera falsa, como si se hubiera promulgado una ley de punto final. El indulto otorgado por el Rey el 25 de noviembre de 1975, destinado a preparar lo que vendría, vinculaba claramente la Corona con el franquismo. El preámbulo del decreto era muy explícito en este sentido: “la Paz de que ha disfrutado España en las últimas cuatro décadas” o bien cuando no se tenía ningún inconveniente a rendir “homenaje a la memoria de la egregia figura del Generalísimo Franco”. Después de aquel primer indulto, el 30 de julio de 1976 se publicó el Real Decreto Ley de Amnistía con el cual se volvía a vincular la Corona con el anhelo de reconciliación con los vencidos, si bien en este caso no se hacía mención del general Franco. Finalmente, la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977, que fue la única ley de este tipo que fue aprobada por un Parlamento elegido democráticamente, sirvió para exonerar a todo el mundo, franquistas y antifranquistas, aunque no contemplaba restituir el patrimonio expoliado a los partidos y sindicatos republicanos ni comportó una amnistía laboral ni amnistiar a los militares de la UMD excluidos del ejército.

La transición fue violentísima, a diferencia de lo que pasa ahora

Ahora que el unionismo insiste en querer difundir la falsa imagen de que Catalunya es una sociedad fragmentada, a punto para el estallido de violencia, conviene hacer un poco de memoria sobre el coste humano de aquella transición. La transición fue violentísima, a diferencia de lo que pasa ahora. Durante los diez años que llevamos de proceso soberanista, la violencia, sin muertos, afortunadamente, siempre la ha ejercido la extrema derecha unionista. En 1976, en cambio, el terrorismo, de derecha y de izquierda, provocó 21 muertos y la violencia policial 57. A partir de 1978, el terrorismo mató aquel año a 85 personas, 118 el 1979 y 124 en 1980. Una barbaridad. El terrorismo alimentó el "síndrome del miedo al pasado", como se apuntaba en las páginas de Le Monde de aquel momento, y favoreció a los partidarios del consenso acrítico, por encima de los partidarios de la ruptura. La reforma pactada no acabó con los poderes fácticos del Estado franquista, siempre presentes, especialmente en el ejército. El intento de golpe de estado del 23-F de 1981 fracasó, pero los efectos de la impunidad judicial posterior todavía se notan ahora.

El régimen del 78 agoniza pero todavía está vivo, a pesar de los escándalos de corrupción que han afectado a casi todos los partidos del arco parlamentario español, incluyendo a los nacionalistas. El primer caso de corrupción, Filesa, que afectó al PSOE y el PSC, ¡es de 1989! El último, al menos de momento, que afecta a CDC y a la Diputación de Lleida, es del 2010. En el Estado autonómico el mal ha infectado a los que han sido sus directores de una manera o de otra. El régimen del 78 está moribundo y, en Catalunya, al menos la mitad de la población está declaradamente en contra. Y la prueba es que el sistema autonómico de partidos, muy sólido hasta el 2012, hoy es irreconocible. Y más que lo será. Todos los ciclos se acaban con la desaparición de quien ha sido el protagonista.

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