No es de extrañar que el mundo entero se haya escandalizado por la crisis migratoria de Ceuta, convertida de un día para otro en colador de miles y miles de inmigrantes irregulares —más de 70.000 según las cifras oficiales— en España. Y tampoco lo es que algunos países de Europa se hayan puesto en guardia ante un alud que, en la práctica, amenaza a toda la Unión Europea (UE). Porque resulta que sí, que Ceuta —y Melilla también— pertenece a la UE. Es, de hecho, parte de la frontera exterior de la UE, y si esta frontera no está bien guardada, sino que es un pasillo por el que puede transitar sin restricciones todo el que quiera, tenga papeles o no, es normal que algunos socios se estremezcan y tomen medidas por su cuenta para evitar que el reflujo migratorio les acabe llegando a ellos también. Todo ello deja a España en una posición delicada y la sitúa, a la hora de la verdad, en el ojo del huracán.
El actual presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se había convertido en adalid de la causa migratoria en Occidente, aunque fuera a costa de contravenir el endurecimiento de la política en materia de inmigración aprobada por la propia UE en junio y que facilita la expulsión de los inmigrantes irregulares a terceros países. Pero para él, esto es intolerable porque entiende que vulnera los derechos humanos —este es el argumento que utiliza siempre en estos y otros casos parecidos—, y más después de haber puesto en marcha una campaña de regularización extraordinaria de migrantes que llevaban años residiendo en España de manera ilegal, que preveía que beneficiara a 500.000 personas, y a la que al final se han apuntado más de 1.200.000. Tampoco ha hecho caso de las advertencias llegadas desde Estados Unidos, bien por su presidente, Donald Trump, bien por el Departamento de Estado que dirige Marco Rubio, acusándole a él y al gobierno que preside de "facilitar y promover la inmigración ilegal masiva hacia Europa". Con todo ello, más señalado no puede estarlo.
Es evidente que detrás de la entrada de 70.000 inmigrantes irregulares en pocas horas a Ceuta está la mano negra de Marruecos. Pero eso Pedro Sánchez debería saberlo antes que nadie. Debería saber que esa es la forma que tiene Marruecos de presionar a España cuando se ha producido una actuación que no le gusta, cuando quiere obtener algo a cambio de lo que sea o, sencillamente, cuando le ha pisado el callo que no tocaba. Lo hace ahora con el rey Mohamed VI y lo hacía antes con su padre, el rey Hasan II, y él debería preguntarse qué ha pasado esta vez para que la presión haya sido tan fuerte y descarada y, dada la rapidez de la reacción de condena de Estados Unidos a su comportamiento respecto de la inmigración, si no es que, además, ha pisado también algún callo del mismo Donald Trump, más allá de otras consideraciones de geopolítica internacional que se escondan detrás de la operación. En una cuestión sí tiene razón el líder del PSOE, y es que la entrada de tantos inmigrantes de golpe, talmente en forma de invasión, ha sido un atentado contra la integridad territorial de España.
Si Ceuta y Melilla pertenecieran a Marruecos y no a España, el conflicto habría terminado
Este es, sin embargo, un asunto que tiene, y más visto desde Catalunya, fácil solución. Si Ceuta y Melilla pertenecieran a Marruecos y no a España, como la lógica territorial indica, porque no en vano se encuentran en un continente diferente de Europa, que es África, el conflicto habría terminado. Es más, nunca hubiera existido. Hoy son una reminiscencia colonial de tiempos pasados al estilo de lo que las autoridades españolas reclaman al Reino Unido respecto de Gibraltar, pero invocar esto es destapar la caja de los truenos de la sacrosanta unidad de España, que es lo único que interesa a los guardianes, sean del color que sean —del rojo del PSOE o del azul del PP— de las esencias de la patria española. Debe ser por eso que la respuesta de Pedro Sánchez a la retahíla de críticas contra España —la principal de las cuales es la de Italia de suspender temporalmente la aplicación del espacio Schengen, es decir, la libre circulación de personas— no ha sido la asunción de responsabilidades por el ridículo de Ceuta, sino una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que acusa a ciertos gobiernos europeos de actuar con "prejuicios y mentiras" y, encima, pretende darles lecciones morales sobre solidaridad y derechos humanos.
No debería extrañarse el secretario general del PSOE si, ante esta reacción tan típicamente quijotesca, Italia y veintiún países más de la UE —una mayoría abrumadora de los veintisiete Estados miembros que la integran— han contraatacado con otra carta a los mismos destinatarios en la que constatan la vulnerabilidad de la frontera sur de la UE y reclaman una actuación inmediata de los veintisiete para reforzar las fronteras exteriores, agilizar los retornos y combatir la inmigración irregular. Una correlación de fuerzas de uno a veintidós —Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia— que demuestra el apoyo que tiene el planteamiento de la primera ministra italiana Giorgia Meloni ante la soledad que rodea al presidente español Pedro Sánchez, porque incluso países que no han suscrito la protesta, como Francia, por ejemplo, también han dicho que extremarán la vigilancia en las fronteras interiores con España.
El líder del PSOE ha jugado con fuego con la política migratoria de permisividad que practica y ahora no tiene derecho a quejarse si la mayoría de los gobiernos de la UE le reprocha el efecto llamada que ha provocado, no una sentencia del Tribunal Supremo que, aunque limita las devoluciones en caliente de migrantes llegados por mar, no lo deja suficientemente claro, sino la regularización extraordinaria que ha impulsado así por la cara y que acabará afectando a 1.200.000 inmigrantes irregulares. Una reunión extraordinaria de los ministros de Interior de la UE, convocada precisamente para hoy, intentará resolver las diferencias exteriorizadas a raíz de la crisis de Ceuta y servirá para ver hasta qué punto España se queda sola por completo. Y es que, conociendo el percal, nada hace pensar que España vaya a bajarse del burro y todo apunta a que se mantendrá inflexible en su posición, y más después de que incluso el rey Felipe VI, como si de uno de los viejos conquistadores del imperio se tratara, se haya entrometido en el asunto advirtiendo a Pedro Sánchez de que "el Estado debe velar por la seguridad de las ciudades autónomas". No sea que, si se despista demasiado, al final Marruecos se las quedara.
Este escenario, en todo caso, lo único que hace es abonar la idea, acuñada justamente por Francia en el siglo XIX, de que África empieza en los Pirineos. La noción se basaba en el tópico de que España es un país distinto del resto de Europa, atrasado, con notables deficiencias en los terrenos cultural, político y económico. Algunos antropólogos sostuvieron durante bastante tiempo que la población de España, y en general todas las de la península ibérica, se parecía más a las del norte de África que a las de Europa y vieron en los Pirineos la frontera física que separaba a la civilización europea del supuesto "exotismo meridional". A todo ello solo faltaba añadir que sectores reaccionarios de la España del siglo XX hicieron suyo el eslogan —basta con recordar el Spain is different del franquismo— para reivindicarlo con orgullo ante la modernidad laica y extranjera que venía de fuera.
Ahora al máximo dirigente del PSOE le toca saber qué actitud debe adoptar si no quiere que el dicho de la África que empieza en los Pirineos siga teniendo pleno sentido, si prefiere esto o que España sea homologada completamente a los estándares europeos. Pero, viendo los planteamientos de unos y otros, lo más probable es que, efectivamente, África vuelva a empezar en los Pirineos por una larga temporada.