Termina un año intenso, pero nada como lo que nos espera en el próximo que, por decirlo en términos lo más claros posibles, será un año trepidante y en cuyo transcurso muchas cosas se aclararán, especialmente aquellas que llevan tiempo asentándose en el imaginario de muchos y que no son más que bien construidos relatos sustentados en convenientemente aceitadas estructuras mediáticas parecerán muy poco o nada… porque el tiempo todo lo pone en su sitio.

Quienes han venido insistiendo en un inexistente diálogo, y en los frutos de tan ilusorio escenario, verán cómo el silencio será, seguramente, la mejor de las respuestas que obtendrán y, ello, si la misma no es de otro tipo y menos esperada. Quienes han venido insistiendo en la supuesta desjudicialización de la política verán cómo el tiempo demuestra que no se trata más que de un relato interesado que se repite machaconamente producto de una jugosa y subvencionada información, pero que en nada se corresponde con la realidad a la que nos iremos enfrentando muchos.

Sí, no se puede hablar de desjudicialización cuando nos enfrentaremos, ya a partir de comienzos de febrero, a una serie de juicios cuyo denominador común es ser parte de una estrategia represiva, que pudieron parar aquellos que tanto se llenan la boca con el diálogo y la propia desjudicialización de la política. El calendario los irá desmintiendo y, como ejemplos, solo unos pocos: febrero será el mes del juicio a Laura Borràs que terminará a comienzos de marzo, en abril tendremos el juicio a Miquel Buch y Lluís Escola y, en mayo, el primero de los juicios a Josep Alay.

Esta dinámica irá, además, aderezada con el juicio ante el Tribunal de Cuentas y, no lo descarto, la repetición del juicio a los Síndicos Electorales del 1-O más aquellos otros procedimientos en los que aún no hay señalada fecha de juicio, pero que, seguramente, serán a lo largo de 2023.

¿Podremos seguir en 2023 hablando de desjudicialización de la política? Creo que cualquier persona medianamente honesta sabe que la respuesta es un rotundo no y que, además, quienes sostengan lo contrario simplemente estarán mintiendo.

Pero el año que comienza no solo estará lleno de juicios, también de sentencias y resoluciones que son, igualmente, producto de una represión que ni ha terminado ni terminará mientras no exista una auténtica voluntad de solucionar el conflicto político existente entre Catalunya y el Estado y, sinceramente, no creo que tal voluntad se encuentre presente ni se la pueda esperar… mucho menos cuando es la rendición, la sumisión y el vasallaje el que marca las pautas de la interrelación, que no diálogo, con el Estado.

Destaco, entre aquellas resoluciones que veremos a lo largo, pero ya desde el comienzo, de 2023, las siguientes:

  1. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las prejudiciales de Llarena que se dictará, si no sucede nada extraño, el próximo 31 de enero. En ella no se definirá, como esperan algunos, la suerte de los exiliados sino, más bien, la viabilidad de las derrotas sufridas hasta ahora por el Juez Llarena en la persecución de los exiliados.
  2. La sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre la decisión adoptada en su día por parte del Parlamento Europeo de no defender la inmunidad de los eurodiputados catalanes. En ella, veremos por dónde se decanta el TGUE, habrán de resolverse algunas dudas que en nada afectan ya a la situación de los exiliados, pero sí al entendimiento que debe tenerse respecto de lo que es la inmunidad parlamentaria y cómo y desde cuándo se debe proteger, lo que es un tema de interés general para la Unión Europea a partir de la incorporación de países del Este que tienen tan poca tradición democrática como España.
  3. La sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre el suplicatorio en su día cursado por el Juez Llarena que, con los cambios legislativos, cobra mayor relevancia porque demuestra que existía —de hecho, sigue existiendo— un fumus persecutionis sobre el cual el Parlamento Europeo no se pronunció correctamente estando obligado a ello.

Es más, todo lo que dijimos en la vista del día 25 de noviembre se está demostrando en estos días con las precipitadas reformas legales ya aprobadas y refuerza la idea de falta de imparcialidad por parte del presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo —el ascendido al abismo de Ciudadanos, eurodiputado Adrián Vázquez, y del ponente de los suplicatorios, el neonazi Ángel Dzhambazki—.

  1. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el recurso de casación que interpusimos en contra de la sentencia del TGUE de 6 de julio de 2022 y que aclarará muchas de las confusiones generadas a partir de un error interpretativo del TGUE; se trata, obviamente, de una sentencia que cobra más relevancia si cabe, a partir de acreditarse la persecución política como consecuencia de una reforma legal cuyo objetivo no es otro que el de “favorecer la extradición de Puigdemont” tal cual reconoció la ministra Calviño.
  2. Las diversas resoluciones que tendrá que dictar el Tribunal Supremo para revisar las sentencias de los condenados en el juicio del procés y adaptar las penas de inhabilitación a las nuevas surgidas por la reforma del Código Penal; seguramente será una tarea que, siendo compleja técnicamente hablando, su resultado gustará muy poco a aquellos que han cifrado sus expectativas electorales en esas revisiones.
  3. La decisión que tendrá que dictar el Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, respecto a la demanda de VOX en contra de la concesión de los indultos a los condenados en el juicio del procés; veremos por dónde termina saliendo ese sector del Supremo y qué escenarios jurídicopolíticos surgen a partir de ahí.

Como si nada de lo anterior fuese bastante, quien tiene lo que vulgarmente se denomina “un marrón” es el juez Llarena que, a la vista de una reforma del Código Penal gestada para beneficiar a unos pocos, con nombre y apellido, pero cuyo objetivo no es otro que perjudicar a los exiliados tal cual reconoció Patxi López cuando afirmó que “Con esta legislación, Bélgica o Alemania hubieran entregado a Puigdemont”, tendrá que dictar una serie de resoluciones que, estoy seguro, no le agradará emitir.

Como se puede ver, los escenarios futuros distan mucho de corresponderse a la placidez de una muy cacareada desjudicialización de la política y sí, mucho más, al de una vorágine represiva que no se ha superado ni a través de tertulias montadas en torno a una mesa camilla, que no de diálogo, ni como producto de una rendición incondicional cuyos beneficios solo son para unos pocos y no para el conjunto del represaliado independentismo catalán que suma más de 3.000 afectados con causa abiertas por su condición de independentistas o, simplemente, por intervenir como defensores de los independentistas.

Pero si nada de esto parece bastante a la hora de prever cómo será 2023, seguramente tendremos que ver cómo otros relatos también se terminan por desmontar en función de una realidad trepidante y aplastante que dejará al descubierto, por ejemplo, a quien sostenía ser la única persona perseguida por rebelión y que, ahora, terminará regresando sin que dicho tipo penal haya sido siquiera tocado… realidad versus relato.

Dicho todo esto, sigo siendo optimista sobre el futuro, pero, al mismo tiempo, realista y quien pretenda seguir haciéndonos creer que el próximo será el año del “apaciguamiento” del conflicto entre España y Catalunya, el de las “soluciones felices” de las que hablaba Iceta, simplemente nos está mintiendo… 2023 será un año trepidante, pero, también, una oportunidad.