Los Estados miembros de la Unión Europea han aprobado este lunes un nuevo reglamento que abre la puerta a la creación de centros de deportación fuera del territorio comunitario para acoger a migrantes con una orden de expulsión. La medida, que se inspira en el modelo impulsado por el gobierno italiano de Giorgia Meloni en Albania, permitirá que los Estados miembros cierren acuerdos con terceros países para externalizar los procesos de retorno, siempre que estos países “respeten las normas internacionales sobre derechos humanos y los principios del derecho internacional, incluido el principio de no devolución”. La propuesta ha recibido el apoyo de una mayoría cualificada de los socios europeos, mientras que España se ha opuesto
La reforma del reglamento sobre retornos forma parte de las medidas que integran el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, un paquete legislativo con el que Bruselas quiere agilizar e incrementar las expulsiones de migrantes en situación irregular y de solicitantes de asilo con peticiones denegadas. Entre las medidas destacadas que se han aprobado este lunes también se encuentra la posibilidad de que los estados más tensionados por la llegada de migrantes —como es el caso de España, según la Comisión Europea— puedan optar por reubicar a una parte de los recién llegados o bien reclamar apoyo financiero a otros socios europeos. A partir de junio, se podrán reubicar hasta 21.000 migrantes anuales, una cifra por debajo de las 30.000 que había propuesto inicialmente el ejecutivo comunitario.
En cuanto a la creación de centros de deportación fuera de la Unión Europea, que la Comisión Europea presentó el pasado marzo, el aval de los Estados miembros abre ahora la puerta al inicio de negociaciones con el Parlamento Europeo para su aprobación definitiva. Durante el encuentro de este lunes en Bruselas, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado que España ha votado en contra del reglamento porque considera que plantea “muchas dudas” en relación con el derecho internacional humanitario. “Hay muchas cosas sobre las que se puede negociar y llegar a acuerdos, pero en cuestiones de valores, esto creo que es una línea roja para nosotros”, ha advertido. A su parecer, la decisión es “prematura” y habría que evaluar con más profundidad si se ajusta a la legislación internacional sobre derechos humanos.
Por contra, el ministro de Inmigración de Dinamarca, Rasmus Stoklund, ha celebrado el acuerdo alcanzado por los estados miembros y ha destacado que el nuevo reglamento sobre retornos supone un paso importante para “contribuir” a reducir las llegadas de migrantes a la Unión Europea. Stoklund, que ha liderado las negociaciones porque el gobierno danés ostenta la presidencia de turno del Consejo del bloque comunitario, ha señalado que “tres de cada cuatro migrantes irregulares a quienes la Unión Europea ha emitido una decisión de retorno continúan quedándose aquí en lugar de volver a su país”. La nueva normativa, además de permitir establecer centros de deportación en terceros países, incluye nuevas obligaciones para las personas con órdenes de salida, como facilitar los datos biométricos, proporcionar un documento de identidad o viaje, y mantenerse localizables mientras permanecen dentro del territorio comunitario