El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desencadenado una nueva confrontación política tras acusar a los demócratas de "extorsión" y reclamar que sean investigados y encarcelados por sus amenazas de impulsar procesos de destitución contra miembros de su gobierno. Este sábado Trump ha publicado un contundente mensaje en su red social, Truth Social, en el que ha asegurado que la oposición está intimidando a cargos republicanos y simpatizantes del partido. "Esto es extorsión al más alto nivel y deberían responder por ello", ha afirmado, antes de anunciar que ordenaba al Departamento de Justicia investigar inmediatamente estos presuntos actos delictivos. Las acusaciones llegan solo cuatro días después de las elecciones legislativas, en las que los demócratas han conseguido recuperar el control de las dos cámaras del Congreso.
Trump ha denunciado que los dirigentes demócratas amenazan con procedimientos de impeachment —juicio político para destituir a un cargo público— a personas de su entorno, incluido el fiscal general Todd Blanche, a pesar de que, según el presidente, no han cometido ninguna infracción que justifique estas medidas. También ha acusado a la oposición de amenazar con penas de prisión a importantes donantes del Partido Republicano por el simple hecho de apoyarle. "Los que deberían ir a la cárcel son estos extorsionadores", ha escrito. El mandatario ha calificado las actuaciones demócratas de persecución política y ha señalado directamente a la senadora de Michigan Elissa Slotkin, a quien acusa de querer intimidar a los jóvenes que comparten valores republicanos. Sin embargo, Trump no ha aportado pruebas que acrediten las supuestas amenazas criminales.
La victoria demócrata abre la puerta a investigar a Trump y su gobierno
El estallido de Trump coincide con un cambio profundo en el equilibrio de poder en Washington. Después de la victoria demócrata del 3 de noviembre, la oposición controlará la Cámara de Representantes y el Senado a partir de enero de 2027, lo que le permitirá impulsar investigaciones parlamentarias, convocar comparecencias y exigir documentación a la Administración. Los demócratas ya han anunciado que quieren examinar los negocios de la familia Trump, los posibles conflictos de intereses, la gestión del caso Jeffrey Epstein, las actuaciones del servicio federal de inmigración (ICE) y determinados proyectos financiados con aportaciones privadas, como la nueva sala de baile de la Casa Blanca. El congresista Robert Garcia, que aspira a presidir el comité de supervisión de la Cámara, advirtió después de las elecciones con un mensaje breve: "Buscaos un abogado". Paralelamente, los congresistas demócratas Hank Johnson y Deborah Ross han planteado la posibilidad de impulsar juicios políticos contra Blanche y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
La senadora Elissa Slotkin ha respondido directamente a las acusaciones del presidente y ha defendido que exigir responsabilidades por posibles irregularidades no constituye ninguna persecución política. "Si incumples la ley o utilizas dinero de los contribuyentes para enriquecerte, tienes que rendir cuentas. Si no has infringido la ley, no tienes nada que temer", ha declarado en un comunicado oficial. Slotkin también ha recordado que el Departamento de Justicia ya había intentado emprender acciones penales contra ella y otros congresistas demócratas después de la difusión de un vídeo en el que pedían a los militares que rechazaran órdenes ilegales. Aquella investigación no acabó con acusaciones formales, después de que un gran jurado rechazara presentar cargos. La senadora considera que las nuevas amenazas de Trump buscan desviar la atención de los problemas económicos y de las decisiones de su Administración.
¿Trump puede acabar destituido? Las claves del nuevo conflicto
A pesar de la escalada verbal, no se ha anunciado ningún nuevo procedimiento formal de impeachment contra Trump a raíz de esta confrontación, a pesar de que los dirigentes demócratas no descartan esta posibilidad. El presidente ya fue sometido a dos juicios políticos durante su primer mandato, pero en ambos casos fue absuelto por el Senado. La Constitución estadounidense establece que la Cámara de Representantes puede aprobar una acusación por mayoría simple, pero que la destitución definitiva requiere el apoyo de dos tercios de los senadores presentes. Por lo tanto, controlar ambas cámaras no garantiza poder apartar a Trump ni a sus colaboradores del cargo.