La guerra civil de Libia, lejos de apaciguarse, se complica. Se ha proclamado el estado de emergencia y los distintos actores rivales negocian a contrarreloj un acuerdo de alto al fuego para poner fin a una semana de intensos combates entre milicias rivales en Trípoli, los peores que se libran en la capital desde que en 2014 se desatara la actual guerra civil. El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ha criticado los enfrentamientos armados y ha solicitado a los contendientes que respeten los derechos humanos. Pero todo parece indicar que no hay interlocutores válidos para una negociación efectiva.

Los enfrentamientos, que han segado ya la vida de medio centenar de personas, mantienen atrapados sin acceso a la electricidad y al agua corriente a miles de civiles, entre ellos varios centenares de migrantes apelotonados en centros de detención.

Los choques se han complicado en los últimos días con la entrada en el conflicto de milicias procedentes de otras ciudades, en particular de las ciudades-estado de Misrata y Zintan, y las localidades de Tarhouma y Zawia (esta última es uno de los núcleos de la mafias que trafican con personas en Libia).

Los últimos en sumarse a los esfuerzos en favor de un acuerdo han sido los miembros del Consejo de Ancianos de Libia, que ha formado una célula de emergencia para tratar de que todas las partes estén de acuerdo en negociar.

En declaraciones a la prensa local, su líder, Mohamad al Mubshir, admitió hoy que la tarea "es excesivamente complicada", ya que "la ausencia de observadores independientes hace muy difícil determinar cuál de las partes es responsable de la ruptura del último alto el fuego".

"Se debe buscar una solución general para (la multitud de) grupos armados, ya que si no se aborda ahora ese problema, la situación volverá a estallar en el futuro", ha agregado.

Los combates, que han segado la vida de una veintena de civiles y causado más de 200 heridos, estallaron el pasado domingo en un área densamente poblada del barrio meridional de Salehdin, próxima al antiguo aeropuerto internacional de Trípoli, la pieza estratégica codiciada por los contendientes.

La zona está bajo el control de la referida "Séptima Brigada" y de la milicia Al Kani, antes vinculada al Ministerio de Defensa del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), que sostiene la ONU en Trípoli desde abril de 2016.

En el otro bando, combaten las Brigadas Revolucionarias de Trípoli, la Fuerza Especial de Disuasión (RADA), la Brigada Abu Selim y la Brigada Nawassi, todas ellas adscritas a los ministerios de Interior y de Defensa del citado Ejecutivo, al que financia la Unión Europea.

RADA ha acusado a la "Séptima Brigada", que al parecer cuenta con el apoyo de Salah Badi, un miliciano de la ciudad de Misrata al que se considera uno de los principales responsables de la guerra civil, de ser una quintacolumna del mariscal Jalifa Hafter, el hombre fuerte del Ejecutivo del este de Libia.

La intensidad y la extensión de los combates se multiplicó el viernes, hasta llegar al extremo de cerrar las pistas de aterrizaje y despegue de la base aérea de Mitiga, único aeropuerto que estaba en activo en la capital. 

Desde entonces, más de 60 familias están atrapadas, sin acceso al agua corriente, la electricidad y los alimentos frescos en el llamado "Triángulo Suzuki", próximo a la base militar de Al Yarmuk, intensamente bombardeado.

Miles más se han visto obligados a abandonar sus hogares y buscar refugio en escuelas y hospitales y en algunas de las ciudades del extrarradio.

El viernes, la comisión de mediación integrada por las ciudades de Tarhuma, Misrata, Zintan, Zawia y Trípoli llegó a un nuevo acuerdo de alto el fuego, que al parecer no fue aceptado por la "Séptima Brigada".

Los enfrentamientos y la imposibilidad de consensuar un alto el fuego han dejado en entredicho la capacidad del gobierno sostenido por la ONU para controlar a las milicias que dominan la capital y han puesto en riesgo el plan de reconciliación de Naciones Unidas, que pretendía convocar elecciones este mismo año.

Libia es un Estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, desde que en 2011 la OTAN contribuyera militarmente a la victoria de los diferentes grupos rebeldes sobre la dictadura de Muamar al Gadafi.

En la actualidad tiene dos gobiernos, ninguno de los cuales tiene legitimidad democrática. Uno en Tobruk, salido de las elecciones de 2014 y actualmente bajo la tutela de Hafter, un antiguo miembro de la cúpula gadafista que en la década de 1980 fue reclutado por la CIA y se convirtió en su principal opositor en el exilio. Y otro en Trípoli, sostenido por la ONU y formado tras el fallido acuerdo de reconciliación negociado en 2015 por el entonces enviado especial de la ONU, Bernardino León.

La división ha sido aprovechada por los grupos yihadistas para asentarse en el país y por las mafias dedicadas al tráfico de armas, combustible, alimentos y personas para dominar la arruinada economía nacional.

Las organizaciones de defensa de los refugiados, como Activa Open Arms, han reclamado que no se devuelva a los migrantes náufragos a Libia, un país donde su vida está en peligro. MSF también se ha dirigido a los países europeos para que reconozcan que Libia, "no es un lugar seguro".

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