Suiza decidirá este domingo en referéndum si quiere fijar un límite de población de 10 millones de residentes permanentes de cara a 2050. La propuesta, impulsada por la Unión Democrática del Centro (UDC), el principal partido del país y situado en la derecha radical, ha abierto un debate de fondo sobre inmigración, vivienda, servicios públicos y la relación de la Confederación con la Unión Europea.
La iniciativa llega en un momento en que Suiza tiene 9,1 millones de habitantes, de los cuales unos 2,5 millones son residentes extranjeros. Desde la entrada en vigor de la libre circulación de personas con la UE, en el año 2002, la población ha crecido en 1,7 millones de personas. Buena parte de este aumento se atribuye a la llegada de inmigración, especialmente europea.
Los promotores de la consulta defienden que el país vive una situación de "crecimiento descontrolado" y vinculan el aumento de población con la falta de vivienda asequible, la subida de los alquileres, la presión sobre el transporte y las infraestructuras, la saturación del sistema sanitario y el deterioro de la calidad educativa. También alertan del impacto sobre el paisaje, un elemento central de la identidad suiza.
La propuesta establece que, si Suiza supera los 9,5 millones de habitantes, el Govern federal y el Parlament deberán adoptar medidas restrictivas en materia de asilo y reagrupación familiar. Si el país llega a los 10 millones, se deberían denunciar acuerdos internacionales que impidan aplicar el tope, incluido el de libre circulación con la Unión Europea. Esto podría afectar también la participación suiza en los acuerdos de Schengen y Dublín, así como la cooperación en asilo y seguridad.
El Gobierno suizo y las dos cámaras del Parlament se han posicionado claramente contra la iniciativa. Consideran que introduciría incertidumbre, pondría en riesgo la estabilidad del país y podría agravar la falta de mano de obra en sectores esenciales, especialmente en la sanidad. También advierten que limitar la inmigración no resolverá por sí solo los problemas de vivienda o de servicios públicos.
El rechazo también ha llegado desde el mundo económico. La Federación Sindical Suiza, la Asociación Suiza de Empresarios y la patronal Économie Suisse han hecho campaña por el no. Argumentan que el límite no creará vivienda nueva de forma automática ni servirá para frenar la inmigración irregular, y que, en cambio, puede generar nuevos problemas para empresas y trabajadores. El sector químico y farmacéutico, uno de los motores económicos del país, también ha expresado preocupación. Stephan Mumenthaler, director de la patronal scienceindustries, advirtió en declaraciones a Reuters que la propuesta podría frenar inversiones: "Para las empresas que se plantean invertir en Suiza y quizás construir nuevas fábricas o centros de investigación, esto es, claro, veneno".
Se espera un resultado muy ajustado
El referéndum se prevé ajustado. El último sondeo publicado el 3 de junio apuntaba a una victoria del no con el 52% de los votos, con una tendencia ligeramente favorable a los contrarios a la iniciativa. Como en otras consultas federales, para que la propuesta prospere sería necesaria una doble mayoría: la del voto popular y la de los cantones.
El debate migratorio no es nuevo en Suiza. En los años setenta ya se votaron varias iniciativas para limitar la presencia de extranjeros, todas derrotadas en las urnas. La más conocida fue la de 1970, impulsada por el periodista y político James Schwarzenbach, que proponía restringir el porcentaje de extranjeros en cada cantón. Obtuvo un 46% de apoyo, pero no salió adelante.
La votación se enmarca en el sistema de democracia directa suizo, donde las iniciativas populares son habituales pero raramente prosperan. Desde finales del siglo XIX se han lanzado 551 de ámbito nacional, menos de la mitad han llegado a las urnas y solo 26 han sido aprobadas.