La punta de lanza de la extrema derecha entre los gobiernos de la Unión Europa es sin duda el Ejecutivo del húngaro Viktor Orbán, quien hace años que concatena legislaciones que restringen el estado de derecho y eliminan derechos reconocidos por la Unión Europea (UE). Orbán ha hecho caso omiso a las advertencias y las sanciones europeas por violar sus principios, sin embargo, ¿hasta cuándo seguirá este tira y afloja entre una UE muy moderada y un gobierno de extrema derecha desenfrenado en Hungría? ¿Por si no fuera suficiente, en Hungría le toca la presidencia del Consejo de la Unión Europea el segundo semestre del año 2024, sin embargo, podrá serlo después de despreciar constantemente los principios y pactos europeos?
La ACN recoge el análisis de dos expertos europeos que auguran un futuro turbulento entre la UE y Hungría. A un año de que Budapest se haga cargo de la presidencia de turno de la institución de nivel ministerial en que se negocian al detalle las normativas comunitarias, el Parlamento Europeo ha abierto el debate sobre la conveniencia que el gobierno de Viktor Orbán —que se ha alejado de la independencia judicial y el respeto a las minorías— tome las riendas del Consejo en 2024. Vetar la presidencia rotatoria de un país no tiene precedentes.
Para el profesor de derecho y relaciones internacionales de la Universidad de Groningen John Morijn, Bruselas ha conseguido últimamente coger la sartén por el mango y abordar de forma "efectiva" los problemas de estado de derecho: "La UE tiene poder sobre Hungría ahora y hay cambios sobre el terreno". En este sentido, asegura que Budapest como mínimo pretende revertir la situación en la esfera judicial para intentar acceder a los fondos europeos. Sin embargo, Morijn remarca que "si no se imponen condiciones" a la presidencia rotatoria del Consejo de la UE que le corresponde a Hungría el segundo semestre del 2024, el poder de presión "cambiará de manos" y pasará a Orbán. "Las instituciones de la UE entrarían en un terreno peligroso".
Malestar en Bruselas
Ha sido una resolución del Parlamento Europeo, la institución comunitaria más crítica con la deriva de Orbán, la que ha avivado las dudas sobre si es adecuado o no que un país con procedimientos abiertos por violaciones de derechos fundamentales y con fondos europeos congelados asuma la presidencia del Consejo de la UE. En el texto aprobado en el pleno de principios de junio, los eurodiputados cuestionaban la "credibilidad" de Budapest para presidir la institución por el deterioro del estado de derecho e instaban al mismo Consejo a explorar alternativas "cuanto antes mejor".
La propuesta de vetar o aplazar la presidencia de un país sin su consentimiento no tiene precedentes en la UE, pero tanto John Morijn, profesor de derecho y relaciones internacionales de la Universidad de Groningen, como el experto del Centro de Política Europea, Garvan Walshe consideran que es viable hacerlo a través de tres opciones diferentes. Ambos expertos señalan que Budapest podría acceder voluntariamente, un escenario que ven poco probable. La segunda opción sería que la iniciativa se sacara adelante con una mayoría cualificada de los 27 estados miembros y la tercera con cambios legislativos en la norma sobre las presidencias rotatorias del Consejo.
Morijn admite que hay algunos expertos que dudan sobre la legalidad de sacar por mayoría cualificada la presidencia a un estado miembro porque se puede considerar como una "sanción". Por eso, expone la tercera opción: modificar las normas actuales para introducir una cláusula que impida a los Estados con problemas de Estado de derecho, presidir las reuniones de ministros y negociar legislaciones en nombre del Consejo por el potencial "conflicto de intereses". Si bien la Comisión Europea tendría que hacer esta propuesta, Morijn cree que el Parlamento Europeo también podría exigir "garantías" a la presidencia del Consejo que negociará en nombre de los 27 con "buena fe". Una de las tareas de la presidencia es liderar los trílogos, es decir, las negociaciones en tres entre Consejo, Parlamento y CE.
Por su parte, Walshe expone una propuesta surgida de los expertos del comité Meijers, que apunta a no denegar completamente que Hungría tenga la presidencia, pero sí a aplazarla para que el país lo asuma en "tiempos mejores". "Sería aplazarla unos años y ver si después se resuelven los problemas con el estado de derecho", indica. Estos expertos piden a todas las instituciones europeas debatir "tan pronto como sea posible" la cuestión para evitar los "conflictos de intereses" en las presidencias que puedan comprometer el buen funcionamiento del Consejo".
¿Cómo hemos llegado aquí?
En 2018, el Parlamento Europeo activó el procedimiento previsto en la UE (artículo 7 de los tratados) para sancionar el país por las vulneraciones del Estado de derecho. Es un proceso que en última instancia puede comportar la suspensión de los derechos de voto enl Consejo de la UE. Esta institución de rango ministerial ha abordado las preocupaciones por la corrupción, a independencia judicial y la discriminación de las minorías en Hungría, pero hasta ahora no ha aplicado la sanción máxima.
Sin embargo, Bruselas ha congelado más de 27.000 millones de euros de ayudas europeas a Hungría para proteger los intereses financieros de la UE. Por una parte, ha paralizado casi 22.000 millones del presupuesto plurianual (2021-2027) hasta que Budapest no cumpla con una serie de objetivos relacionados con la independencia judicial, la libertad académica, los derechos LGTBI y el sistema de asilo. Además, 5.800 millones de euros del fondo Next Generation también están bloqueados en relación con el sistema judicial.
Con este panorama, surgen voces que alertan del "conflicto de intereses" que puede generar una presidencia húngara del Consejo de la UE, donde se discuten precisamente los problemas de Estado de derecho de los socios europeos.