Es el 27.º día de la agresión militar de Rusia a Ucrania y las portadas ya empiezan a agotar los títulos o, si quieres verlo de otro modo, están perdiendo la relativa compostura que habían mantenido. El Ara ya habla de "crimen de guerra masivo", aunque sea citando a Josep Borrell, el alto comisionado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. El Punt Avui habla de "ciudades masacradas". El País titula con un escalofriante "Putin se emplea a fondo en la destrucción de las ciudades", expresión fuerte si piensas en tu ciudad, la que sea, y adviertes de que el causante de la devastación es una sola persona, el mismo autócrata ruso. Estamos a muy pocos titulares de calificar a Putin de criminal, si es que no se hace ya en las portadas de hoy. El Periódico, por ejemplo, habla de "asedio a los civiles", una manera obvia de decirlo —por otra parte, como el resto de diarios—. No todos. ABC prefiere abrir con la huelga de los transportistas, La Razón lo hace con la guerra pero no en ese tono, y El Mundo, en una portada partida, lo describe como un "asedio salvaje", que suena fuerte pero no es lo mismo que acusar a Putin de asesino. El más flojito es el título de La Vanguardia ("Destrucción en Kyiv") que es un título de hace una semana y servirá todavía la semana que viene. Sólo es un pie de foto, porque este diario abre también con la huelga del transporte.
En las portadas de hoy también tiene su qué ver cómo tratan la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anula la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona, una regulación que, básicamente, limita la circulación de vehículos en la ciudad en función de su antigüedad para reducir la contaminación. De acuerdo, la sentencia es desconcertante. Especialmente porque el tribunal dice al Ayuntamiento de Barcelona que no ha justificado la medida en los informes que acompañan la ordenanza —¿será que los jueces saben más?— y que les parece discriminatoria porque perjudica a las personas de rentas más bajas —cosa que el mismo tribunal tampoco justifica: podrían aplicarse sus anteriores razonamientos—. De hecho, la sentencia señala al Ayuntamiento de Barcelona por incompetente y doctrinario. O puedes verlo como una injerencia de los jueces, no electos, en una competencia del consistorio, compuesto de cargos avalados por las urnas.
La Vanguardia y Ara hacen unos títulos más bien administrativos, quizás un poco más carregaet en bombo el del diario de los Godó, que no pierde oportunidad de castigar al gobierno de Ada Colau. El Punt Avui, en cambio, explica que la sentencia se basa más "en motivos de forma que de fondo". Es una manera de explicarlo un poco justita, porque cada año se dictan centenares de sentencias magníficas basadas en razones de forma. El motivo es que, en el mundo jurídico, un defecto de forma presupone un fondo también defectuoso, equivocado. Pero se entiende qué quiere decir el diario: que la argumentación del TSJC no parece seria y que el Ayuntamiento tiene opciones de ganar en apelación en el Supremo. Quien tira con bala es El Periódico, siempre muy al lado del actual consistorio, cuando describe la sentencia como un cuestionamiento al "modelo de Barcelona contra la contaminación". Viene a decir que los jueces hacen política, que se ponen a decidir sobre asuntos que no les corresponden. No es que el diario no tenga razones para decirlo en este caso —y en otros: no es la primera vez ni será la última—, sino que también sacaría la misma conclusión si leyera con la misma mirada las actuaciones relativas al procés independentista, los atentados del 17-A o la familia Pujol, por decir tres variados. Es difícil de creer que, cuando examinan el procés, los jueces del TSJC no hayan actuado de la misma manera y con los mismos criterios que cuando examinan el "modelo de Barcelona contra la contaminación".
