Los últimos diez años, la butaca presidencial de Perú ha sido más bien una silla eléctrica para todo aquel que se ha sentado en ella. Ocho presidentes en solo una década reflejan la volatilidad política del país andino y la debilidad de los presidentes ante el Congreso, dispuesto a destituir al mandatario que sea si no se alinea con los objetivos políticos de las fuerzas que controlan el hemiciclo, la mayoría grupos de derecha como el fujimorismo. La última víctima fue hace dos meses el abogado conservador José Jerí. Un caso de ocultación de vínculos con empresarios chinos y otros indicios de tráfico de influencias pusieron fin a su mandato de solo cuatro meses y fue relevado en febrero por el octogenario de la izquierda marxista José María Balcázar, quien ha sido el encargado de asumir el poder estas últimas semanas antes de las elecciones presidenciales de este domingo 12 de abril.
Treinta y cinco candidatos y algunas caras conocidas a la derecha y a la izquierda
Para estos comicios, más de 27,3 millones de peruanos están llamados a las urnas con la papeleta más extensa de su historia: 35 candidatos presidenciales (solo cuatro mujeres) luchan por estar entre los dos que irán a la segunda vuelta, en caso de que ninguno de ellos consiga llegar al 50% de los votos, algo que parece muy difícil. Algunos de ellos, caras conocidas como la conservadora Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que se presenta por cuarta vez para ser presidenta, o el cómico Carlos Álvarez, una estrella de la televisión peruana que ha imitado políticos durante los últimos 30 años. Aún más a la derecha de ellos está el ultraconservador exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y el líder de la formación ultraderechista Renovación Popular y también exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
Desde la izquierda emerge Roberto Sánchez, exministro de Pedro Castillo (2021-2022), a quien promete liberar de su condena por su intento de golpe de Estado para retomar su proyecto político, con el que continúan identificados una considerable parte de los peruanos que consideran que las élites políticas y económicas no lo dejaron gobernar. De hecho, todavía está abierta la herida que dejaron los más de 50 muertos durante las protestas sucedidas después del encarcelamiento de Castillo y el ascenso al poder de su vicepresidenta, Dina Boluarte (2022-2025), que se congració con las fuerzas dominantes en el Legislativo. Otros candidatos castillistas son Vladimir Cerrón, líder del partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones en 2021, y Carlos Jaico, que fue secretario del Despacho Presidencial durante su mandato de un año y medio.
Los discursos populistas intentan captar a los indecisos en un contexto de inseguridad creciente
La gran fragmentación del voto hace que ningún candidato supere el 14% en intención de voto, según las últimas encuestas realizadas. Con márgenes tan ajustados, pues, todo está por ver en una votación donde un importante sector de electores decidirá el sentido de su voto en el último minuto. El porcentaje de indecisos y de voto en blanco roza el 30% en una jornada en la que los peruanos deberán escoger también senadores nacionales, senadores regionales, diputados y representantes del Parlamento Andino —el órgano deliberante y de control político de la Comunidad Andina—. Así, después de estas elecciones, Perú volverá a tener un Parlamento bicameral, creado por el actual Legislativo en contra de lo que se votó en un referéndum en 2018.
Uno de los temas centrales de la campaña electoral ha girado en torno a la inseguridad. El auge de la criminalidad es la principal preocupación de los peruanos para estas elecciones, hasta el punto de que un 51% de la población quiere un presidente como el salvadoreño Nayib Bukele, según una encuesta. De esta manera, algunos candidatos han prometido medidas extremas y populistas como la aplicación de pena de muerte. Es el caso de Carlos Álvarez, que ha afirmado que si llega a la presidencia, "todo policía que use su arma de fuego para eliminar a un delincuente para proteger a un ciudadano, no lo daré de baja, yo lo condecoro"; o de Rafael López Aliaga, que ha atribuido el auge de la delincuencia a la inmigración venezolana, tal como hizo también el recientemente elegido presidente chileno, José Antonio Kast.