El Parlamento británico tendrá que someter a votación la activación del Brexit. Así lo ha dictado esta mañana el Tribunal Supremo, con 8 votos a favor y 3 en contra. El gobierno de Theresa May, pues, tendrá que pasar por el Westminster la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que es lo que avisará formalmente de la salida de los británicos de la Unión Europa y que tendrá que permitir el inicio de las negociaciones.

May había fijado este momento para finales del mes de marzo, pero ahora, el tribunal obliga al gobierno a votarlo, hecho que podría cambiar el calendario. Sin embargo, desde el número 10 de Downing Street ya han asegurado que se mantiene el calendario y que la decisión del juez "no cambia nada".

El Supremo de Inglaterra y Gales ha desestimado el argumento del Gobierno de empezar la salida oficial de la UE sin el permiso previa del Parlamento. Según los jueces, sería ilegal que este procedimiento se empezara sólo con el apoyo del poder ejecutivo. Al ser el parlamento británico quien el año 1972 decidió entrar a la Comunidad Económica Europea, lo que ahora es la Unión Europea, también tiene que ser él quien decida salir, aplicando el mandato democrático expresado en las urnas el pasado 23 de junio.

Además, concluyen que salir de la comunidad europea supone cambiar los derechos fundamentales de los que disponen los británicos, porque supone dejar atrás la legislación europea, y por tanto, es necesario que el Parlamento dé luz verde.

No es necesario consultar los Parlamentos autonómicos

La decisión del Supremo, sin embargo, supone para May una de cal y otra de arena. Se ve obligada a llevar la activación del procedimiento en el Parlamento, en contra de su voluntad, pero no será necesario que consulte los parlamentos autonómicos.

En su dictamen, el tribunal también ha establecido que el Gobierno no debe consultar a los organismos legislativos autonómicos - Escocia, Irlanda del Norte y Gales- antes de activar el Brèxit. Esta decisión se ha tomado de forma unánime por todos los miembros de las cortes.

Según los magistrados, los estatutos de autonomía de estas regiones fueron establecidas cuando el Reino Unido ya era miembro del bloque europeo y, por tanto, las relaciones con la UE son competencia sólo del Gobierno del Reino Unido.

¿Qué pasará ahora?

El Gobierno podría ahora apelar la decisión del Supremo, pero tendría que hacerlo al Tribunal de Justicia Europeo, una decisión que no se espera que tome por lógica política y porque retrasaría el proceso. Así pues, el gobierno de Theresa May tendrá que someter a votación el inicio de las negociaciones del Brexit en la Cámara de los Comunes y en la Cámara de los Lords, y los dos tienen que conseguir una mayoría afirmativa.

A pesar de esta votación, sin embargo, nada hace pensar que el proceso del Brexit pueda quedar bloqueado, aunque técnicamente sería posible. Los conservadores tienen actualmente mayoría parlamentaría para permitir la votación y no está previsto que ningún diputado tory vote en contra de la decisión de Theresa May. Tampoco los laboristas piensan "frustratar la activación del artículo 50", tal como ha confirmado su líder Jeremy Corbyn al saberse la decisión. Por lo tanto, no parece que nada pueda hacer cambiar la salida de los británicos de la UE.