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Colombia ha cambiado de rumbo. Cuatro años después de convertir a Gustavo Petro en el primer presidente de izquierdas de su historia contemporánea, el país ha entregado el poder a Abelardo de la Espriella, un abogado penalista sin experiencia previa en cargos electos que llega a la Casa de Nariño con un programa de mano dura, conservador en los valores y liberal en buena parte de sus recetas económicas. El cambio va mucho más allá de la alternancia entre izquierda y derecha. De la Espriella pretende revisar algunas de las principales apuestas de la etapa Petro: la negociación con los grupos armados, la transición energética, el aumento del peso del Estado y una política exterior que había acercado Bogotá a los gobiernos progresistas de la región y había reforzado los vínculos con China. El nuevo presidente quiere situar a Colombia en un espacio político diferente: el del club de los gobiernos latinoamericanos que priorizan la seguridad, reivindican los valores conservadores y buscan una relación privilegiada con los Estados Unidos de Donald Trump.

De la Espriella llega con voluntad de ruptura. Quiere sustituir negociación por presión militar, transición energética por explotación de recursos, más impuestos por una administración más pequeña y la política exterior de Petro por una alianza renovada con los Estados Unidos. También pretende introducir una dimensión religiosa y conservadora mucho más explícita en el discurso del poder. Pero entre el programa electoral y la transformación efectiva del país hay una distancia considerable. El nuevo presidente deberá negociar con el Congreso, respetar las decisiones de la Corte Constitucional, gestionar una sociedad profundamente polarizada y afrontar un conflicto armado que ningún gobierno colombiano ha logrado resolver definitivamente.

Pero para marcar intenciones, De la Espriella ha comenzado el giro de 180 grados que le quiere dar al país en el ámbito donde tiene más margen de actuación. Pocas horas después de la investidura, el nuevo gobierno colombiano ha anunciado el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Es una decisión especialmente simbólica porque Petro había restablecido en 2022 las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática. Y el próximo paso que ha anunciado el nuevo presidente es restablecer las relaciones con Israel. En política exterior, como en muchos otros ámbitos, Abelardo de la Espriella quiere empezar casi desde cero. Y seguir el rastro marcado por Trump.

1. "¡Firmes por la patria!"

El patriotismo es uno de los pilares del discurso de De la Espriella, empezando por el mismo nombre de su movimiento, Defensores de la Patria, y continuando por una liturgia política cargada de símbolos de autoridad, religión e identidad nacional. El nuevo presidente presenta su llegada al poder como una misión para "recuperar" Colombia después de los años de la izquierda y asocia constantemente la patria con conceptos como el orden, la seguridad, la familia y los valores cristianos. El saludo militar con el que acostumbra a cerrar sus discursos, a menudo acompañado del lema "¡Firmes por la patria!", se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de esta manera de hacer política. Es un patriotismo que no se limita a reivindicar los símbolos nacionales: De la Espriella lo convierte en el hilo que une buena parte de su proyecto, desde la mano dura contra los grupos armados hasta la defensa de los valores tradicionales y la promesa de devolver autoridad al Estado. 

2. Seguridad: se acaba la "paz total"

El cambio más inmediato se producirá probablemente en la política de seguridad. Petro había apostado por la denominada "paz total”: negociar simultáneamente con guerrillas y otras organizaciones armadas para intentar reducir una violencia que, con formas diferentes, acompaña a Colombia desde hace más de seis décadas. De la Espriella considera agotada esta vía. "La hora del diálogo ha terminado", proclamó después de tomar posesión. Su alternativa es un ultimátum a los grupos armados: someterse a la justicia o afrontar toda la capacidad militar del Estado. El nuevo presidente plantea bombardear campamentos y cargamentos de narcotraficantes, recuperar las fumigaciones de los cultivos de coca, modernizar las fuerzas de seguridad y construir megacárceles, al estilo de su admirado Bukele. También ha propuesto crear frentes ciudadanos de seguridad en grandes ciudades.

La llegada de De la Espriella también puede modificar la arquitectura institucional creada después del acuerdo de paz de 2016 con las FARC. El presidente es especialmente crítico con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional encargado de investigar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto. El simbolismo de la investidura fue revelador. El presidente de la JEP no fue invitado, al igual que los expresidentes Juan Manuel Santos —artífice del acuerdo con las FARC— y Ernesto Samper. Sí asistieron Álvaro Uribe, Iván Duque, Andrés Pastrana y César Gaviria. De la Espriella, sin embargo, ha prometido que no impulsará una nueva Constitución. Esto es importante porque significa que, al menos de entrada, deberá desarrollar su proyecto dentro de las instituciones existentes. Y aquí aparece uno de sus principales límites: ser presidente no significa tener las manos libres. El Congreso, la Corte Constitucional y otros tribunales pueden frenar o modificar algunas de sus iniciativas. La profundidad del giro dependerá, por lo tanto, no solo de la voluntad presidencial, sino de la capacidad de De la Espriella para construir mayorías políticas.

La otra gran pregunta continúa sin respuesta: si la superioridad militar del Estado será suficiente para controlar territorios donde guerrillas, narcotraficantes y otros grupos criminales disponen de arraigo y recursos. Colombia ya ha experimentado políticas de mano dura. Permitieron debilitar las guerrillas en determinados periodos, pero también estuvieron acompañadas de abusos y de la expansión de estructuras paramilitares. Este precedente explica la inquietud que despiertan iniciativas como los nuevos frentes ciudadanos de seguridad.

3. Economía: menos Estado y adiós a algunos impuestos de Petro

El segundo gran cambio será económico. De la Espriella quiere congelar el gasto público, reducir la estructura del Estado y reformar el sistema fiscal. Una de las medidas que ya ha anunciado es la eliminación del impuesto sobre el patrimonio impulsado durante la etapa Petro. El mensaje busca marcar distancias con el anterior gobierno: menos presión fiscal sobre el capital, menos administración y un entorno más favorable a la inversión privada. Pero el nuevo presidente no plantea desmantelar completamente la red social. Ha asegurado que mantendrá los programas destinados a los sectores más pobres. La cuestión será cuadrar las dos promesas. Reducir impuestos y gasto al mismo tiempo que se preservan programas sociales obligará al gobierno a encontrar nuevos ingresos o a decidir dónde concentra los recortes. Y aquí entra en escena otra de las grandes rupturas con Petro: la energía.

4. Petróleo y 'fracking': marcha atrás en la política energética

Si Petro quería preparar a Colombia para reducir progresivamente su dependencia de los combustibles fósiles, De la Espriella quiere volver a convertir los hidrocarburos en uno de los motores de crecimiento. El nuevo presidente ha anunciado que reforzará Ecopetrol y buscará explotar nuevos yacimientos, incluido mediante el controvertido 'fracking' o fracturación hidráulica, una técnica para extraer petróleo o gas atrapados en rocas subterráneas que no se pueden obtener fácilmente con los pozos convencionales. Consiste en perforar el terreno —primero verticalmente y a menudo después horizontalmente— e inyectar agua, arena y productos químicos a mucha presión. Esta presión provoca pequeñas fracturas en la roca, por las que pueden salir el gas o el petróleo. Los partidarios argumentan que permite explotar reservas antes inaccesibles, aumentar la producción energética y reducir la dependencia exterior. Los detractores alertan del gran consumo de agua, posibles contaminaciones de acuíferos, emisiones de metano y de la sismicidad inducida que puede generar la inyección de fluidos.

Este giro en la política energética es un cambio importante para una economía en la que el petróleo sigue teniendo un peso considerable en las exportaciones y en los ingresos públicos. La filosofía del nuevo gobierno es que Colombia no debe renunciar a explotar los recursos que tiene mientras siga existiendo una demanda internacional. Esta política también aproxima a Bogotá al discurso energético de Trump, que ha convertido la expansión de los combustibles fósiles en una de sus banderas económicas.

5. Colombia vuelve a mirar hacia Washington

Probablemente es en política exterior donde el cambio se podrá ver con más rapidez. La relación entre Petro y Trump había sido complicada. Con De la Espriella, la Casa Blanca gana un aliado. El presidente colombiano ha expresado repetidamente su afinidad con Trump y quiere reforzar la cooperación política, militar y de seguridad con Estados Unidos. Colombia entra así en el grupo de gobiernos latinoamericanos que mantienen una relación política estrecha con la actual administración norteamericana, en un momento en que la región vive una clara recomposición ideológica. Para Washington, Colombia no es un país cualquiera. Es uno de sus principales socios históricos en América Latina, un actor fundamental en la lucha contra el narcotráfico y una pieza geopolítica importante tanto en el Caribe como en Sudamérica. La presidencia de Petro había introducido más autonomía en esta relación. De la Espriella quiere volver a situar la alianza con Estados Unidos en el centro de la política exterior.

6. Del Sáhara a Israel: las primeras consecuencias del giro

El reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental permite entender hasta qué punto puede llegar esta reorientación. El gobierno Petro había recuperado las relaciones con la República Saharaui, congeladas desde 2001. El nuevo ejecutivo ha revertido esta política prácticamente en el momento de llegar al poder. Bogotá justifica la decisión por la voluntad de construir una nueva relación estratégica con Rabat. Los dos gobiernos estudian intensificar las inversiones e incluso negociar un tratado de libre comercio. No será el único movimiento. De la Espriella también ha anunciado la reapertura de la embajada colombiana en Israel, después de que Petro rompiera las relaciones diplomáticas a raíz de la guerra de Gaza. En paralelo, quiere romper relaciones con Cuba y Nicaragua, gobiernos que califica de "tiranías", y cerrar 14 embajadas y 15 consulados. El mapa diplomático colombiano, por tanto, cambiará: más proximidad con Washington, Israel y gobiernos conservadores; más distancia respecto a Cuba, Nicaragua y otros aliados de la izquierda latinoamericana. También será interesante cómo gestiona la frontera con Venezuela y la relación con Caracas después del acercamiento de Petro a Maduro; y migración, porque ya se ha posicionado contra la inmigración "ilegal" y "descontrolada".

7. ¿Qué pasará con China?

Este es uno de los interrogantes geopolíticos más importantes. Durante el gobierno Petro, Colombia profundizó las relaciones económicas con China, en medio de la creciente competencia entre Pekín y Washington para ganar influencia en América Latina. De la Espriella no ha definido con el mismo detalle qué hará con Pekín. Un acercamiento muy intenso a Estados Unidos podría dificultar algunos proyectos chinos, pero romper o reducir drásticamente los vínculos con la segunda economía mundial también tendría costes para Colombia. Aquí el pragmatismo económico puede acabar imponiéndose a la afinidad ideológica. Los analistas advierten que la manera como De la Espriella gestione este equilibrio será una de las mejores pruebas para determinar hasta qué punto su política exterior será estrictamente trumpista o conservará márgenes de autonomía.

8. La "batalla cultural" llega al gobierno

El cambio no será solo económico o geopolítico. De la Espriella habla explícitamente de una "batalla cultural" contra la izquierda y lo que denomina 'wokismo'. La religión cristiana ocupa un lugar central en su discurso político. Su investidura ya ofreció una imagen poco habitual en un Estado constitucionalmente laico. Participaron representantes religiosos y el presidente acabó una de sus intervenciones con un "¡Viva Cristo Rey!". Los nombramientos en los ministerios de Educación y Cultura también indican la dirección del gobierno. La incógnita es hasta dónde llegará esta agenda. Los sectores feministas y LGBTIQ+ temen intentos de limitar derechos sexuales y reproductivos, especialmente el acceso al aborto. De la Espriella dispondrá de capacidad para impulsar iniciativas conservadoras y apoyar a bancadas afines en el Congreso, pero modificar derechos consolidados jurídicamente será mucho más difícil. Aquí, nuevamente, la Corte Constitucional puede actuar como un contrapeso importante.

9. Menos Bogotá: gobernar desde las regiones

Hay un elemento del proyecto de De la Espriella que no encaja exactamente en la división tradicional entre izquierda y derecha: la descentralización. El presidente promete gobernar desde las regiones y dar más protagonismo a los territorios tradicionalmente alejados del centro político. La elección de Cali para la investidura —por primera vez un presidente colombiano tomó posesión fuera de Bogotá— pretendía enviar precisamente este mensaje. La promesa, sin embargo, deberá superar una de las contradicciones históricas colombianas: buena parte de los territorios donde el Estado es más débil son también aquellos donde tienen más presencia los grupos armados, las economías ilegales y el narcotráfico. Descentralización y seguridad quedarán, por tanto, estrechamente vinculadas.

10. Corrupción: tecnología y una administración más pequeña

De la Espriella ha presentado la lucha contra la corrupción como otra de las banderas de su gobierno. Ha prometido invertir en tecnología para reforzar los controles sobre la contratación pública y perseguir judicialmente a los responsables de malversación. "No habrá impunidad, no habrá escondite", advirtió en el discurso de investidura. Esta ofensiva conecta, además, con otra de sus promesas: reducir el tamaño del Estado. El nuevo presidente defiende que una administración más pequeña, con menos gasto y más control tecnológico, debería ser también menos vulnerable al clientelismo y a la corrupción.

El reto es considerable. La corrupción y el clientelismo tienen una dimensión estructural en Colombia y afectan especialmente a la contratación pública y a las administraciones territoriales. Y aquí aparece una posible contradicción con otra bandera presidencial: descentralizar más poder hacia las regiones exigirá, al mismo tiempo, reforzar los mecanismos de control sobre estos recursos.