El Consejo Constitucional francés ha tumbado este viernes la ley impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron y aprobada por el Parlamento a finales de julio que prohibía el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. La institución considera que la norma "vulnera la libertad de expresión y de comunicación" porque establece una restricción demasiado amplia y poco definida. En su decisión, los magistrados sostienen que la limitación "no es apropiada, necesaria ni proporcional al objetivo perseguido" y concluyen que impedir a los menores acceder a determinados servicios de comunicación en línea supone una injerencia excesiva en sus derechos fundamentales.
A pesar de admitir que la medida perseguía "proteger el interés superior del niño", el Consejo Constitucional considera que la prohibición podía acabar afectando también servicios en línea sobre los cuales no se habían acreditado "riesgos para la salud y la seguridad de los menores". La corte también cuestiona las garantías de privacidad previstas por el texto, ya que la aplicación de la norma podía obligar a todos los usuarios, incluidos los adultos, a "presentar un documento que acredite su edad" para acceder a las redes sociales. Además, la ley no concretaba qué sistema de verificación se tendría que utilizar y dejaba esta decisión en manos de las propias plataformas.
Macron insiste
Macron, sin embargo, no renuncia a la reforma. Después de conocer la decisión del Consejo Constitucional, el presidente francés ha encargado al primer ministro, Sébastien Lecornu, que el gobierno trabaje en una nueva redacción "jurídicamente sólida" que tenga en cuenta tanto la sentencia como el marco europeo, con el objetivo de sacar adelante la prohibición antes de la primavera de 2027. El Elíseo ha recordado que, bajo el impulso de Francia, más de treinta estados de todo el mundo estudian medidas parecidas y que la Comisión Europea trabaja para armonizar este tipo de disposiciones dentro de la Unión Europea. Macron defiende que, desde que planteó esta cuestión en 2017, el objetivo es "proteger el interés superior y la salud" de los menores ante unos efectos perjudiciales de las redes sociales que considera "científicamente documentados".
El Elíseo quería que la prohibición entrara en vigor ya con el inicio del curso escolar en septiembre. La iniciativa había sido presentada inicialmente por la diputada de Renacimiento Laure Miller, aunque el texto experimentó diversas modificaciones durante la tramitación. Antes incluso del revés del Consejo Constitucional, la norma ya había topado con obstáculos en el ámbito europeo, especialmente por la previsión de una "lista negra" de plataformas. A principios de julio, la Comisión Europea advirtió que algunas disposiciones podían vulnerar el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) porque otorgaban competencias excesivas al regulador francés, hecho que obligó al gobierno a retocar el proyecto antes de la aprobación definitiva.