Los dos terremotos de más de 7 grados de magnitud y sus réplicas han hundido más de 6.500 edificios en Turquía, según las autoridades turcas. Se trata de datos que todavía pueden aumentar. Contrasta con casos de otros terremotos de mayor magnitud como en Chile o Japón donde los daños a las infraestructuras han sido menores. Si bien hay un buen número de expertos que apuntan que los terremotos del pasado lunes son de los más fuertes que ha habido en la región, hecho que explica por qué los daños materiales son tan grandes. Sin embargo, gran parte de los edificios no cumplían con las normativas de seguridad del mismo Parlamento turco.
"Claro está que el terremoto ha sido muy fuerte, pero en la construcción de un edificio cada aspecto cuenta. El diseño, la calidad de los materiales, si ha habido errores durante la construcción. Estos factores son cruciales en el caso de un terremoto", expone Sedat Turkmen, geólogo en la Universidad de Çukurova en Adana, en El Mundo. Un urbanista, que no quiere revelar su nombre para ser crítico con el gobierno, señala que las instituciones no cumplen sus propias recomendaciones.
Erdogan y su pasado crítico con las normativas urbanísticas
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, el año 1999 cuando estuvo el terremoto de Izmir, en el que murieron 17.000 personas, fue muy crítico con la normativa urbanística del momento. "Los municipios, las constructoras y los supervisores tendrían que ver que su negligencia equivale al asesinato", dijo entonces. Después de aquel terremoto el gobierno turco aprobó el año 2004 una nueva legislación en la que se obligaba a que los edificios cumplieran ciertos estándares de seguridad que los protegiera de terremotos.
La legislación se aplica a las zonas del país con alto riesgo sísmico. Las nuevas construcciones cuentan con amortiguadores en la base porque el edificio rebota ligeramente en el caso de un seísmo. Además, la estructura interna de las edificaciones tienen que ser resistentes.
El problema radica en los edificios construidos antes de esta normativa. La ley contemplaba que tienen que ser examinados y presentar un certificado, asegurando que son lo suficientemente resistentes en caso de un seísmo. Este papel se exige por ejemplo cuando alquilas o compras un piso, pero es como una promesa. Casi nadie sabe cuándo fue examinado ni si realmente cumple los requisitos para resistir un terremoto", apunta el urbanista. Está en este desconocimiento donde radica la peligrosidad mayor de los edificios de la zona.
Sin embargo, como indica el urbanista, la responsabilidad no tiene que caer tanto en los ciudadanos como en las autoridades. "La población también olvidamos el riesgo que comporta. Un terremoto es un peligro que siempre parece que pasará a otros, no a ti. El trabajo tiene que venir de las autoridades. Ellas tienen que prevenir y concienciar mejor", sentencia.