La tensión entre la Universidad Harvard y la nueva Administración de Donald Trump no hace más que escalar. Después de que Harvard se negara a imponer las exigencias de los trumpistas en las aulas, el gobierno republicano decidió cortar la financiación a esta institución. Ahora, la universidad responde con una demanda a la Administración trumpista con el fin de recuperar los fondos congelados. Según la entidad, “el intento del gobierno de coaccionar y controlar Harvard” hace caso omiso de los principios fundamentales de la Primera Enmienda, “que salvaguardan la libertad académica”, y además incumplen las leyes y los reglamentos federales.

Por su parte, el gobierno trumpista sostiene que Harvard incumple presuntamente en conductas antisemitas. Sin embargo, la universidad apuntó que más allá de las exigencias del Grupo de Trabajo Federal para Combatir el Antisemitismo, creado por Trump, el gobierno republicano también quería imponer su política contra la diversidad en sus campus e investigaciones. Según la entidad, “el intento del gobierno de coaccionar y controlar Harvard” hace caso omiso de los principios fundamentales de la Primera Enmienda, “que salvaguardan la libertad académica”, y además incumplen las leyes y los reglamentos federales.

El presidente de Harvard, Alan Garber, ha afirmado en la página de la universidad que “las consecuencias de la extralimitación del gobierno serán graves y duraderas” e impactarán en investigaciones de enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple, el Alzhéimer o el Parkinson. Algo que preocupa también a investigadores de varias universidades por todo Estados Unidos.

“Como judío y norteamericano, sé muy bien que hay una preocupación válida por el aumento del antisemitismo. Para abordarlo eficazmente se requiere comprensión, intención y vigilancia. Harvard se toma este trabajo de verdad”, ha remarcado Garber, que ha señalado directamente al gobierno trumpista por utilizar el antisemitismo para justificar “una acción ilegal”.

Otras universidades afectadas

Harvard es una de las universidades —además de Columbia y Princeton, entre otras— que han visto amenazada la financiación por informes del Grupo de Trabajo Federal para Combatir el antisemitismo creado por Trump, para aplicar políticas de “discriminación positiva” o para no dar cabida en lo que el gobierno de Trump califica de “diversidad de ideas”. Por su parte, Columbia sí que ha aceptado las demandas.