El próximo jueves 19 de enero se espera una jornada dura en Francia. Los 8 principales sindicatos del país han convocado una gran manifestación y una huelga nacional para protestar contra la reforma de las pensiones que prepara el gobierno. Esta jornada podría ser solo la primera en la respuesta social a esta cuestión, que podría desestabilizar el gobierno con más paros en jornadas posteriores. Sin embargo, el presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra, Élisabeth Boir, y también varios ministros, estarán fuera del país, concretamente, en Barcelona, donde estarán reunidos con el presidente español, Pedro Sánchez, en el marco de la cumbre hispanofrancesa.

La reforma de las pensiones ha sido uno de los objetivos de Macron desde el inicio de su primer mandato, y ya levantó críticas en 2019, pero el proyecto quedó aparcado con la llegada de la pandemia. Los puntos clave incluyen retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años a partir del año 2030 y, a partir del año 2027, establecer 43 años de cotización —uno más de los actuales 42— el mínimo necesario para poder obtener una pensión completa, así como también la supresión de algunos regímenes especiales de jubilación en el sector público.

Entre los partidos políticos, ha encontrado la oposición tanto de la izquierda como de la extrema derecha, y solo obtendría el apoyo del grupo conservador de Los Republicanos, que, a pesar de todo, le permitiría a Macron aprobar la reforma. En cuanto a la población, un 68 % de los franceses se posicionan en contra de esta reforma, según una encuesta del Journal Du Dimanche. 

La huelga en el sector petrolero y el transporte preocupa

Entre los sectores que se sumarán a la huelga están los funcionarios, el del transporte, el petrolero, el eléctrico, la educación, la sanidad, la policía, el personal de las prisiones, los tripulantes de cabina en la aviación comercial y la cultura. Uno de los que más preocupa es el petrolero, ya que la CGT anunció huelgas no solo para el día 19, sino también para el 26 de enero y el 6 de febrero, y alertó de que los paros incluso podrían comportar "el cierre de las instalaciones de refinería", hecho que podría provocar un problema en el suministro de carburantes entre la población.

El sector del transporte también es uno de los más implicados y en este sentido, la intersindical del sector ferroviario ha anunciado que está "preparada para la batalla" contra la reforma y ha pedido "una huelga potente". Los sindicatos de los transportes de París se han mostrado firmes ante la modificación del régimen especial para 40.000 de sus trabajadores, y otras federaciones también han gritado a la movilización de los conductores de ambulancias, camiones o autocares.

El gobierno defiende que "el derecho a huelga no es derecho al bloqueo"

El ministro de Trabajo, Oliver Dusspot ha admitido que espera "gente en la calle jueves", pero aunque ha reconocido el derecho de los sindicatos a organizar movilizaciones, ha afirmado que no es un derecho a "bloquear" el país. En el mismo sentido se ha expresado la diputada Aurore Bergé, líder del partido del gobierno en la Asamblea Nacional, que ha asegurado que la reforma "saldrá adelante" y ha criticado que "el derecho a huelga no quiere decir derecho al bloqueo".

Al mismo tiempo, el gobierno francés está intentando convencer a la población de la necesidad de esta reforma para evitar el "déficit" en la caja de las pensiones, que aseguran que podría ascender a los 20.000 millones el año 2030. Sin embargo, el mismo presidente Macron no se ha implicado tanto en esta campaña, que, en cambio, sí que ha defendido en varias ocasiones a la primera ministra y los ministros de Economía, Trabajo o Hacienda.