Después de jornadas de negociación maratonianas, el pasado diciembre la Unión Europea (UE) pactó la ley de inteligencia artificial (IA) que permite o prohíbe el uso de la tecnología en función del riesgo que suponga para las personas. Si bien los principales dirigentes de la UE celebraron, las críticas por algunos aspectos de la ley surgieron inmediatamente. Concretamente, La ley prohíbe algunos usos de la categorización biométrica, pero en un primer momento organizaciones de derechos digitales denunciaron que a pesar de pretender regular el reconociendo biométrico, se trata de una herramienta inherentemente discriminatoria. Ahora varios legisladores europeos denuncian a Politico que los retoques finales de la ley incluyen que las fuerzas de la orden utilicen la tecnología de reconocimiento facial en imágenes de vídeo grabadas sin la aprobación de un juez, yendo más allá de lo que acordaron las tres instituciones de la UE.
Es decir, en poco más de un mes, lejos de las cámaras y cubierto bajo los retoques de última hora de la ley, se habrían incluido al texto aspectos muy peligrosos con respecto a los derechos humanos. Así lo explica al medio estadounidense la legisladora europea Svenja Hahn, eurodiputada alemana del Partido Democrático Libre. Hahn sostiene que el texto final es "un ataque a los derechos civiles" y podría permitir "un uso irresponsable y desproporcionado de la tecnología de identificación biométrica, como de otra manera solo sabemos de Estados autoritarios como China".
La denuncia de Hahn ha resonado entre otros eurodiputados como Patrick Beyer, del Partido Pirata alemán, ha afirmado que "parece que la UE tiene intención de competir con China no solo tecnológicamente, pero también con respecto a la represión de alta tecnología". En un inicio, el acuerdo sobre este tipo de herramienta de control se recogía que solo se haría en ciertas circunstancias. Sin embargo, con estos retoques, el alcance del posible uso final que se podría hacer va mucho más allá de lo que se dijo cuando se hizo la foto triunfal del acuerdo por la ley el pasado diciembre.
Preocupación entre las organizaciones de derechos humanos
Este cambio entre bambalinas preocupa profundamente a las organizaciones de derechos humanos. "Habíamos oído a la Comisión y al Parlamento que el puesto [reconocimiento facial] estaría sujeto a estrictas garantías y solo se permitiría en algunas circunstancias limitadas y excepcionales", ha declarado a Politico Daniel Leufer, miembro sénior de políticas de la ONG de derechos digitales Access Now. "El último texto que hemos visto hace una burla de estos anuncios", ha añadido.