Durante años, varios grupos de padres y madres han estado luchando para que sus denuncias sobre abusos de monitores en los centros educativos fueran escuchadas. Ahora, las autoridades han movido ficha y han abierto investigaciones sobre decenas de monitores que trabajaban en guarderías y colegios de primaria públicos. La policía de París investiga más de un centenar de denuncias relacionadas con violencia física, agresiones sexuales y violaciones cometidas contra niños de tan solo tres años durante espacios como los comedores escolares, las siestas o las actividades extraescolares. La fiscal jefa de París, Laure Beccau, ha confirmado que hay investigaciones abiertas “en 84 centros de preescolar, una veintena de escuelas de primaria y una decena de escuelas infantiles”, incluyendo casos de posibles violaciones a niños y niñas muy pequeños.
El colectivo de familias SOS Périscolaire ha sido una de las principales plataformas impulsoras de las denuncias y de la recopilación de testimonios durante los últimos cinco años, en una batalla para conseguir que las acusaciones de los padres fueran escuchadas por las autoridades francesas. La presión ejercida por estas familias coincide ahora con el inicio de varios procesos judiciales en París. La próxima semana comenzará el juicio contra un monitor escolar acusado de haber abusado sexualmente de cinco niños de entre tres y cinco años en una guardería del distrito 11 de la capital francesa. Paralelamente, también está pendiente de sentencia otro caso que afecta a un monitor de 47 años acusado de agredir sexualmente a nueve niñas de diez años en otro centro escolar parisino.
“Un código de silencio sistémico”
Dada la acumulación de denuncias en París, el nuevo alcalde socialista de la ciudad, Emmanuel Grégoire, ha anunciado un plan de 20 millones de euros para reformar el sistema de monitores escolares ante lo que considera una “disfunción importante”. En declaraciones al diario Le Monde, Grégoire admitió el mes pasado que había sido “un error colectivo” tratar los casos de abusos como episodios aislados cuando, según advirtió, podrían apuntar a “un riesgo sistémico” e incluso a “un código de silencio sistémico”. Y es que entre enero y abril, el ayuntamiento parisino ha suspendido a 78 monitores escolares, 31 de los cuales por sospechas de abusos sexuales.
"Es un escándalo enorme", ha afirmado a The Guardian Florian Lastelle, representante legal de tres familias de París que han denunciado abusos cometidos contra sus hijos. El abogado ha advertido que, a pesar de que el sistema educativo público es tradicionalmente "un motivo de orgullo" en Francia, actualmente no se puede garantizar la seguridad de los niños dentro del servicio público. Las familias denuncian que las deficiencias en los procesos de selección y control de los monitores escolares habrían facilitado que los abusos se prolongaran durante años.
En Francia, a diferencia del profesorado, los monitores no dependen directamente de las escuelas ni del Ministerio de Educación, sino de los ayuntamientos y administraciones locales, a menudo con contratos temporales, sueldos por horas y sin formación específica ni titulaciones profesionales. Entre las acusaciones recogidas por las familias también hay casos de gritos, empujones, tirones de pelo, privación de alimentos, obligación de comer hasta vomitar.