El presidente de los EE.UU., Donald Trump, se encuentra en un cruce decisivo mientras avanza hacia una acción sin precedentes: desplegar militares en el territorio de los Estados Unidos para gestionar protestas derivadas de sus políticas migratorias. Unos 700 marines han sido movilizados para unirse a la Guardia Nacional en Los Ángeles después de un aumento de las manifestaciones contra las batidas de inmigración federal. Aunque todavía no se sabe cuál será exactamente su función, legalmente no pueden hacer tareas policiales, como detenciones, a menos que se declare el Insurrection Act.
Desde la Casa Blanca se presenta esta medida como una respuesta necesaria e incluso popular. En una publicación en X, el portavoz Steven Cheung, afirmó que la aprobación pública de las deportaciones aumentará después del envío de tropas en Los Ángeles para "parar la violencia". Sin embargo, la opinión pública muestra más matices. Si bien una encuesta de CBS/YouGov revela que el 54% aprueba el programa de deportación, esta aprobación disminuye drásticamente cuando se les pregunta sobre la manera en que Trump está implementando estas políticas. Solo el 44% aprueba la ejecución del plan, y entre los independientes, el rechazo al enfoque llega al 65%.
Este patrón de apoyo a las ideas generales, pero no a su ejecución concreta, es común en relación con las políticas migratorias de Trump. Aunque muchos norteamericanos dan apoyo a la deportación de personas indocumentadas, la empatía aumenta cuando se trata de personas con trabajo o padres de niños ciudadanos. Un estudio de Pew muestra que el 60% se opone a deportar padres de niños ciudadanos, y el 56% rechaza deportar trabajadores.
El recuerdo del 2020 y el uso de la fuerza
Los paralelismos con 2020 son inevitables. Aquel año, el uso de la fuerza federal para dispersar manifestantes en Lafayette Square, seguido de un controvertido photo-op de Trump con líderes militares, provocó un fuerte rechazo. Un sondeo de USA Today/Ipsos mostró que el 63% se oponía al uso de gases lacrimógenos y balas de goma, mientras que un 60% de la población encontraba inapropiado desplegar al ejército en respuesta a protestas internas.
Este trasfondo plantea dudas serias sobre la estrategia actual. Las recientes detenciones en Los Ángeles se han centrado en puestos de trabajo, y no exclusivamente en criminales, aunque el Departamento de Seguridad Nacional asegura que algunos detenidos tienen antecedentes. Eso contribuye a la percepción que el gobierno actúa de manera precipitada y sin garantizar el debido proceso legal, hecho que puede erosionar el apoyo popular.
En definitiva, el gobierno apuesta por una lógica política arriesgada: que el apoyo a los objetivos justificará los medios. Pero la historia reciente indica que cuando el gobierno ha sobrepasado ciertos límites, la opinión pública lo ha penalizado. El éxito político y práctico del despliegue militar dependerá mucho de cómo actúen los marinas y de si Trump decide invocar el Insurrection Act. La situación es frágil y, potencialmente, muy costosa para la administración.