La resistencia histórica de Francia al aire acondicionado se está resquebrajando. Después de encadenar varias olas de calor y con una nueva previsión de temperaturas extremas esta semana, cada vez son más los franceses que optan por instalar sistemas de refrigeración, un elemento que durante décadas había sido visto como un símbolo de consumo excesivo, poco compatible con la cultura y el modelo urbanístico del país.
La escasez de aparatos ya es visible. En varios establecimientos de la cadena Lidl del área metropolitana de París se han registrado largas colas de clientes dispuestos a comprar un aire acondicionado portátil antes de que se agoten las existencias. En algunos puntos, como Aubervilliers, en las afueras de la capital francesa, la concentración de personas provocó incidentes, con empujones, caídas y momentos de tensión en las puertas de los comercios, tal como detalla la CNN.
La demanda responde a una realidad climática cada vez más severa. Aunque solo un 24% de los hogares franceses disponen actualmente de aire acondicionado —una cifra superior al 18% registrado hace dos años, pero todavía lejos del cerca del 50% de Italia—, la percepción social está cambiando con rapidez ante la intensificación de los episodios de calor extremo.
Las consecuencias también se han hecho evidentes en los servicios públicos. Solo el 7% de las escuelas francesas disponen de sistemas de climatización y miles de centros educativos tuvieron que suspender la actividad durante la última ola de calor porque las temperaturas en las aulas hacían imposible seguir las clases con normalidad. Al mismo tiempo, las autoridades sanitarias francesas atribuyen más de 2.000 muertes en exceso a los seis días más intensos del episodio de calor registrado a finales de junio.
Debate roto con el aire acondicionado
Durante años, la sociedad francesa ha mantenido una relación distante con el aire acondicionado. Más allá del consumo energético, a menudo se ha asociado a un modelo de vida norteamericano y se ha considerado un elemento innecesario en edificios concebidos para mantener la frescura gracias a los muros gruesos, las persianas y la ventilación natural. También persiste la creencia popular de que la exposición continuada al aire acondicionado puede ser perjudicial para la salud.
A estas reticencias culturales se añaden importantes limitaciones administrativas. En París, muchos edificios protegidos por su valor patrimonial impiden instalar unidades exteriores para preservar el aspecto uniforme de las fachadas y las cubiertas, herencia de la gran transformación urbanística impulsada por el barón Haussmann en el siglo XIX. Además, en numerosos inmuebles es imprescindible obtener la autorización de la comunidad de propietarios antes de instalar un sistema fijo.
El debate también ha llegado de lleno a la política francesa. Con las elecciones presidenciales de 2027 en el horizonte, la extrema derecha liderada por Marine Le Pen defiende un plan nacional para climatizar escuelas y hospitales y facilitar préstamos sin intereses para ampliar la instalación de aparatos en los hogares. En el otro extremo, Jean-Luc Mélenchon alerta de que generalizar su uso agravaría los problemas ambientales, mientras que Los Verdes han moderado su posición y admiten que determinados equipamientos públicos necesitan sistemas de refrigeración.
El ejecutivo francés intenta mantener una posición intermedia. Ha autorizado medidas urgentes para climatizar hospitales durante los episodios de calor extremo, pero sigue priorizando las políticas de aislamiento térmico de los edificios y de adaptación urbana para reducir la temperatura sin incrementar el consumo energético.
Los expertos recuerdan que el debate no es sencillo. Aunque Francia genera cerca del 95% de su electricidad con fuentes bajas en emisiones de carbono, principalmente energía nuclear, el uso masivo de aires acondicionados también incrementa la temperatura de las ciudades a causa del calor residual que expulsan los equipos. Por ello, numerosos especialistas defienden que la refrigeración será cada vez más necesaria, pero advierten de que no puede sustituir las políticas destinadas a adaptar las ciudades al cambio climático ni las medidas para reducir las emisiones que alimentan el calentamiento global.