La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha pedido este martes al Estado francés "más respeto por los derechos humanos", "no restringir excesivamente la libertad de reunión pacífica" y "suspender el uso de lanzadores de pelotas [de goma o de espuma]", en referencia a la represión de los "chalecos amarillos". Sólo en diciembre de 2018 se han presentado 36 denuncias por uso impropio de aquella arma contra la gendarmería francesa, según Le Parisien. Hace un mes, otro diario, Libération, contaba 69 heridos graves y 14 personas que habían perdido la vista en algún ojo a consecuencia de balas de goma o de espuma.

Son incidentes parecidos al que afectó a Roger Español, a quien una pelota de goma disparada por la policía española le quitó un ojo el 1 de octubre de 2017, durante el referéndum sobre la independencia de Catalunya. Español estaba en la concentración en el Institut Ramon Llull de Barcelona. El Consejo de Europa ha investigado este incidente y otros similares en Turquía y Ucrania, según Le Monde.

En Catalunya se han judicializado dos casos similares más: el de Ester Quintana, que quedó tuerta en 2012 por el tiro de un escopetero de los Mossos d'Esquadra, y el de Óscar Alpuente, idéntico, en 2009. El juez absolvió a los dos mossos acusados de las lesiones a Quintana y también al acusado en el caso de Alpuente. Ambos casos motivaron que en 2014 se prohibiera el uso de esa munición en Catalunya.

Datos de lesiones

El informe pide a París que revise "tan pronto como sea posible" los protocolos de uso de esas armas y "suspenda temporalmente su uso", dice, a la vez que solicita datos más detallados sobre las lesiones.

El Comisariado de los Derechos Humanos es una institución del Consejo de Europa (47 estados miembros), con sede en Estrasburgo, que vela por el respeto de los derechos humanos y las normas democráticas.

La comisaria deja claro que "condena enérgicamente" la violencia de algunos "chalecos amarillos", reconoce la complejidad de mantener el orden público "en un contexto de gran tensión y fatiga" y denuncia la violencia contra la policía. Añade, sin embargo, que "la primera tarea de los cuerpos de seguridad es proteger a los ciudadanos y los derechos humanos", e insiste en que no debe permitirse nunca que la violencia policial quede impune.

Moderación policial y judicial

También pide a las autoridades judiciales que "moderen" las detenciones de manifestantes in situ y las comparecencias nocturnas de los arrestados. Al mismo tiempo, manifiesta su preocupación por las detenciones preventivas de manifestantes que no han cometido delito y a los que después no se formula acusación alguna. "Estas prácticas interfieren gravemente el ejercicio de las libertades de movimiento, reunión y expresión," dice el informe, y "no pueden convertirse en herramientas de vigilancia preventiva".

El informe es bastante específico. Las autoridades tienen que velar por que el mantenimiento del orden en las manifestaciones "respete plenamente el derecho a la libertad de reunión". En este sentido, la prohibición administrativa de una protesta "constituye una grave perturbación de ese derecho", como lo es también penalizar a los manifestantes que ocultan su cara total o parcialmente, aunque lo hagan "sin razón legítima".

El gobierno francés ha respondido que mantendrá los lanzadores de balas de goma y recuerda que el Consejo de Estado considera que su uso es adecuado si las manifestaciones están marcadas por "la violencia voluntaria, asaltos, daños a la propiedad y destrucción". También justifica las detenciones preventivas en "la gravedad de los disturbios" y en que el Consejo Constitucional admite que puede limitarse la libertad de movimientos y reunión si se trata de proteger el orden público.