Las protestas en el Irán por la muerte de Mahsa Amini continúan, pero el régimen de los ayatolás ya avisó de que tendrían consecuencias. Después de que miles de personas fueran detenidas por participar en las manifestaciones, este domingo ha llegado la primera condena de muerte para uno de los detenidos. Un tribunal revolucionario de Teherán ha dictado esta pena contra un hombre que durante las protestas quemó una sede del gobierno.

Concretamente, los cargos que se le imputan al condenado, que no ha sido identificado, son la comisión de un delito contra la seguridad nacional y "corrupción en la tierra", que es punible con la ejecución, según ha informado la agencia oficial de noticias IRNA. Sin embargo, el veredicto es preliminar y todavía se puede apelar.

El mismo tribunal también ha condenado a cinco personas a entre cinco y diez años de prisión por cometer delitos contra la seguridad nacional y la alteración del orden público. Esta sentencia se da a conocer después de que el gobierno iraní desmintiera una petición de más de 200 diputados para imponer un endurecimiento de los castigos a los participantes detenidos.

Centenares de acusados esperan la decisión de los tribunales

Según la agencia IRNA, este fin de semana se ha acusado a 440 personas más por haber participado en las protestas. En la provincia de Markazí, 276 manifestantes detenidos han sido considerados culpables, pero esto no quiere decir que estén condenados, porque aún lo tienen que decidir los tribunales penales. En la provincia de Hormozgan también se han imputado cargos a 164 personas que están pendientes de la decisión de los tribunales. 

En este sentido, ha trascendido particularmente la imputación de 11 personas por haber asesinado a un paramilitar durante las protestas. Según han explicado las autoridades, al paramilitar Sayed Ruholá Ajamian, estaba "desarmado y abriendo el paso de una carretera cuando una turba lo atacó con cuchillos y piedras".

Los hechos tuvieron lugar en el oeste de Teherán, cerca de un cementerio donde se lloraba la muerte de Hadis Najafi, una joven de 22 años asesinada durante una protesta presuntamente en manos de la policía. Entre los cargos que se imputan a las 11 personas acusadas también se encuentra el de "corrupción a la tierra" que puede comportar la pena de muerte.

Más de 15.000 detenidos por las protestas

La Agencia de Noticias para los Derechos Humanos de los Activistas (HRANA), calcula que desde el inicio de las protestas, el 17 de septiembre, se ha detenido a más de 15.000 personas en el país. Además, estima que más de 330 manifestantes y cerca de 40 agentes de seguridad han muerto durante las protestas.

De entre las personas detenidas, no todas llegan a ser acusadas, pero se calcula que en torno a 2.000 han pasado a disposición judicial, la mitad en la capital del país, en Teherán, según datos de la judicatura iraní.