Ceuta y Melilla vuelven a asomar en la precampaña electoral marroquí. A tres semanas de las legislativas del 23 de septiembre, la crisis migratoria de finales de julio ha situado las dos ciudades españolas en el centro del debate político en Marruecos, aunque con lecturas muy diferentes según el partido. La cuestión territorial está, pero también lo están el malestar de los jóvenes, la falta de oportunidades y la relación con España.
El ministro de Obras Públicas y Agua de Marruecos y secretario general del Istiqlal, Nizar Baraka, ha vuelto a reivindicar esta semana la soberanía marroquí sobre Ceuta y ha advertido de que Rabat “no retrocederá ni un solo palmo de su territorio nacional”, aunque ha definido a España como un “socio esencial”. Baraka ha hecho estas declaraciones durante un mitin electoral en Rabat, en el que se ha referido directamente a la crisis migratoria vivida en la ciudad autónoma. “¿Qué debemos decir a nuestra vecina España después de lo ocurrido en Ceuta?”, ha preguntado el dirigente, en referencia a las preocupaciones expresadas por Madrid sobre su seguridad nacional.
Esta posición encaja con el discurso histórico del Istiqlal, una de las principales formaciones —nacionalista y conservadora— de la política marroquí. El partido mantiene desde hace décadas la reivindicación de Ceuta y Melilla y las incluye en su discurso sobre la recuperación de territorios bajo control extranjero. En plena precampaña, sin embargo, el mensaje de Baraka adquiere una dimensión política especial: el Istiqlal combina la defensa de la soberanía con la voluntad de preservar la relación con Madrid.
Crítica al gobierno y situación de los jóvenes
El resto de fuerzas principales han sido más prudentes a la hora de convertir Ceuta y Melilla en una cuestión estrictamente territorial. El Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), principal fuerza islamista del país y ahora en la oposición, celebró una reunión extraordinaria después de la crisis y puso el foco en las causas de la migración masiva hacia Ceuta. Según el comunicado del partido, la situación exigía abordar las condiciones que habían empujado a miles de personas, especialmente jóvenes, a intentar cruzar la frontera.
El PJD ha ido más allá en las últimas semanas. Mustafa Khalfi, miembro de la secretaría general del partido y exministro, ha definido los hechos de Ceuta y Melilla como un "punto de inflexión" que requiere una lectura nacional profunda y no solo una respuesta policial. El partido ha reclamado una investigación amplia, bajo la supervisión de la monarquía, para analizar las dimensiones de seguridad, sociales, juveniles e internacionales de la crisis, según explicó en una entrevista recogida por Hespress.
También el Partido del Progreso y el Socialismo (PPS) ha evitado reducir el conflicto a la disputa territorial. La formación consideró que la llegada masiva de personas a Ceuta y Melilla revelaba "la profundidad de la crisis económica y social" que afecta a amplias capas de la sociedad marroquí y responsabilizó al gobierno del empeoramiento de las condiciones de vida. El partido reclamó una intervención humanitaria urgente y una investigación de los hechos, según informó el portal de noticias marroquí Hespress.
En una línea similar se ha expresado la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP). Su primer secretario, Idriss Lachgar, advirtió durante un acto en Oujda que el partido rechaza que la tragedia de Ceuta se convierta en una "mercancía electoral", ni dentro ni fuera de Marruecos. Lachgar insistió en que los intentos de emigrar son la expresión de un sufrimiento real entre ciudadanos marroquíes, según el comunicado publicado por el mismo partido.
Una cuestión nacional compleja
El Reagrupamiento Nacional de Independientes (RNI), el partido del primer ministro Aziz Akhannouch, también ha intentado desactivar la lectura electoral más agresiva. Su presidente, Mohamed Chouki, afirmó después de la crisis que los hechos de Ceuta y Melilla debían ser abordados "con responsabilidad, lejos de las maniobras políticas". El dirigente situó la dignidad y las oportunidades para los jóvenes como la principal respuesta a los retos migratorios, según la web oficial de la formación.
Y el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), otra de las grandes fuerzas de la coalición gubernamental, ha definido la crisis como una cuestión nacional compleja en la que se mezclan las dimensiones social, económica, cultural y geopolítica. En un comunicado publicado después de los hechos, el partido reclamó una respuesta nacional e internacional amplia y rechazó las lecturas que redujeran la responsabilidad a una sola causa.
Soberanía vs. malestar social
Así, la crisis de Ceuta y Melilla está entrando en las elecciones marroquíes por diferentes puertas. Para el Istiqlal, es también una cuestión de soberanía. Para la oposición de izquierdas e islamista, es sobre todo un síntoma del malestar social y de la falta de oportunidades. Y para los partidos de gobierno, un problema migratorio que exige evitar la politización.
Lo que comparten todas estas lecturas es que las imágenes de miles de jóvenes intentando llegar a Ceuta y Melilla han convertido las dos ciudades en un espejo de las tensiones internas de Marruecos. La disputa sobre la soberanía sigue viva, pero esta vez llega a las urnas acompañada de una pregunta más incómoda: ¿por qué tantos jóvenes marroquíes están dispuestos a arriesgar la vida para salir del país?
Mundial 2030 y, ¿la final en Casablanca?
La paradoja de la relación con España también se juega en otro terreno: el fútbol. Marruecos, España y Portugal organizarán conjuntamente el Mundial de 2030, pero la sede de la final sigue sin estar decidida. Casablanca aspira a acoger el partido decisivo en el nuevo estadio Hassan II, mientras España defiende sus opciones: el Santiago Bernabéu y el Camp Nou. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado públicamente que la final se juegue en España, mientras que el presidente de la Federación Marroquí, Fouzi Lekjaa, ha reivindicado la opción de Casablanca. El debate, además, ya ha empezado a salpicar a Portugal: el partido ecologista Livre ha pedido reconsiderar la participación de Marruecos en el torneo a raíz de la crisis migratoria de Ceuta.
Es una fotografía reveladora de la relación entre Rabat y Madrid: los dos países cooperan en un proyecto de alcance mundial mientras mantienen abierta una disputa territorial que se remonta décadas atrás. Ceuta y Melilla siguen siendo consideradas por Marruecos como ciudades "ocupadas", pero España y Marruecos comparten a la vez intereses económicos, migratorios, de seguridad y, ahora también, deportivos —con el permiso de Portugal—. El Mundial de 2030 será, probablemente, el escenario más visible de esta relación hecha de cooperación y rivalidad.
Con las elecciones del 23 de septiembre cada vez más cerca, Ceuta y Melilla pueden acabar siendo menos una promesa territorial que un símbolo del malestar que los partidos deberán disputarse en las urnas.