La Casa Blanca ha pedido este sábado al Tribunal Supremo que revierta su decisión de bloquear la deportación de venezolanos al amparo de la llamada Ley de Enemigos Extranjeros. Esta ley ha sido utilizada por la administración Trump para encarcelar en El Salvador migrantes irregulares acusados de pertenencia a organización terrorista. El procurador general John Sauer ha señalado en un escrito de 15 páginas recogido por Bloomberg que la defensa de los detenidos se precipitó al ir directamente al Supremo sin que instancias judiciales inferiores conocieran lo trataran el caso y sus alegaciones.
Sauer es el principal representante legal del gobierno norteamericano en el Supremo, sus funciones comportan que actúe de intermediario entre ambas instituciones. En este sentido, el procurador ha dicho a la carta enviada en la corte que "los tribunales inferiores no han establecido hechos esenciales en este caso" y que todavía no se ha investigado adecuadamente "el momento, la naturaleza y la forma de la notificación del gobierno" en los implicados. Sauer ha reclamado en el Supremo que, en caso de mantener el dictamen, aclare si este interfiere con el recurso por parte de la Casa Blanca a otras vías legales para efectuar deportaciones, como las leyes migratorias vigentes.
La súplica de la administración republicana llega después de que el tribunal más alto de Estados Unidos ordenara a Trump suspender "hasta nueva orden" las expulsiones basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros. La orden del Supremo afecta en especial a los detenidos que se encuentran ahora mismo en el centro de detención de Bluebonnet, en el norte del estado de Tejas, acusados de formar parte del Tren de Aragua. La Casa Blanca declaró la organización criminal como terrorista para poder argumentar que podía aplicar esta polémica ley, redactada en el siglo XVIII para utilizarla en tiempo de guerra.
Autobuses con destino al aeropuerto
El tribunal publicó la decisión de que tiraba por el suelo la estrategia de Trump el sábado a primera hora, después de un litigio de emergencia impulsado por los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por las siglas en inglés). Esta entidad apeló antes de una nueva partida inminente de expulsión de venezolanos detenidos porque, según argumentaba, eran "subidos a autobuses, presumiblemente con destino al aeropuerto".
La Ley de Enemigos Extranjeros solo ha sido invocada en cuatro ocasiones en la historia de Estados Unidos. La anterior antes del movimiento de la administración Trump se produjo durante la Segunda Guerra Mundial para recluir civiles norteamericanos de origen japonés en campos de internamiento. Sin embargo, el actual gobierno republicano ha acabado utilizando la ley para expulsar "en caliente" a los migrantes que identificaban como miembros del Tren de Aragua, independientemente de su estatus migratorio y sin cumplir el protocolo necesario.