La Comisión Europea ha desbloqueado este miércoles 10.200 millones de euros en fondos regionales a Hungría después de constatar que la reforma judicial aprobada por el gobierno de Viktor Orbán cumple con los requisitos pactados, tal como ha informado la institución en un comunicado. El Ejecutivo comunitario ha tomado esta decisión después de un "análisis profundo" y "varios intercambios" con las autoridades húngaras, que tenían como objetivo descongelar parte de los casi 22.000 millones que Budapest tiene asignados dentro de la Política de Cohesión por incumplimientos de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
La decisión de Bruselas se produce pocas horas antes del inicio del histórico Consejo Europeo, que tiene que decidir si inicia las negociaciones para la entrada de Ucrania al club comunitario. El Ejecutivo comunitario niega que se trate de un pago en Orbán a cambio que levante su veto a esta decisión, y sostiene que se limita a aplicar estrictamente las normas europeas. "Hemos recibido garantías suficientes para decir que en Hungría se reforzará la independencia del poder judicial. No obstante, la decisión de hoy no es el final del proceso. Seguiremos monitoreando atentamente la situación y reaccionaremos lo antes posible en caso de que se produzca algún retroceso", ha dicho el comisario de Justicia, Didier Reynders.
El resto de los fondos europeos asignados en Hungría (en torno a 21.000 millones de euros entre fondo de cohesión y Next Generation) seguirá congelado -al menos de momento- porque Orbán no ha hecho avances en libertad académica, protección del colectivo LGTBI, asilo o lucha contra la corrupción y conflictos de interés, según explica la Comisión.
En materia de independencia judicial, Bruselas reclamaba en concreto el refuerzo de las competencias del Consejo Nacional del Poder Judicial húngaro, reforzar la independencia del Tribunal Supremo, eliminar los obstáculos que tienen los jueces húngaros para preguntar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) e impedir que las autoridades públicas puedan recurrir sentencias firmes del Tribunal Constitucional. Aunque esta reforma judicial entró en vigor el 1 de junio, la Comisión sostiene que no ha podido tomar ninguna decisión sobre los fondos hasta ahora porque tenía que verificar cómo se aplica en la práctica.
No obstante, en el Parlamento Europeo no le han convencido estas justificaciones. Los líderes de los principales grupos políticos (populares, socialistas, liberales y verdes) han escrito una carta conjunta al Ejecutivo comunitario en la cual le reclaman que no ceda al chantaje de Budapest y no desbloquee ningún fondo hasta "evaluar adecuadamente" si la reforma judicial se aplica bien en la práctica.