Barcelona ha acogido este sábado una nueva manifestación por los derechos de los refugiados con motivo del Día de Acción Mundial para los Refugiados, en la que no solo se ha reclamado la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes sino también la apertura de fronteras europeas. A pesar de que la cifra de manifestantes varía de 1.500 personas según la organización a 500 según la Guardia Urbana, el mensaje sigue siendo igualmente claro: seguridad para la entrada de refugiados.
La movilización que se ha producido simultáneamente en 30 ciudades distintas, ha salido en el caso de Barcelona desde plaça Catalunya hasta la sede de la Comisión Europea (CE) en paseo de Gràcia número 90, donde el economista y activista social Arcadi Oliveres ha leído un manifiesto ante la atenta mirada de los asistentes. Pero la manifestación todavía no ha puesto punto y final ya que algunas tiendas de campaña se han instalado delante de la representación europea como señal de protesta hasta el próximo martes. Justo un día antes, tendrá lugar una cacerolada alrededor de las 20h.
"Refugiados sin refugio"
Ninguna de las principales movimientos sociales, ONG y voluntarios ha querido perdérselo. Entre los manifestantes se encuentran Proactiva Open Arms, Refugees Aid, la plataforma Stop Mare Mortum y el movimiento ciudadano Crit Pels Refugiats, entre muchos otros. Su grito era unánime en homenaje a las personas que actualmente siguen siendo "refugiados sin refugio", a todos aquellos que han perdido la vida en el intento de huir de esta traumática situación o a las personas que todavía están siendo devueltas a aquellos lugares donde la seguridad no está ni mucho menos garantizada.
Por todos y cada uno de ellos, Oliveres ha expresado tres demandas básicas: respetar el derecho de los refugiados, poner fin a los migrantes que mueren en el mar Mediterráneo y derogar el acuerdo entre la UE y Turquía que favorece "devoluciones masivas ilegales" de acorde con las propias leyes europeas. Y todavía dos más: condenar las "devoluciones en caliente" para evitar que nadie "pueda ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo" y fomentar los proyectos de acogida de forma eficaz y eficiente.