Nuestros tatarabuelos fueron a Cuba a bordo de barcos catalanes y la mayoría de ellos hicieron fortuna, pero sus descendientes se tuvieron que marchar por piernas cuando Fidel Castro hizo la Revolución y les cogió todo el que tenían. Ahora que se ve más cerca que lejos si no el fin del régimen, sí un cambio económico para dar entrada al capital extranjero, una empresa catalana se propone negociar la devolución de las propiedades expropiadas por la Revolución.

Jordi Cabarrocas es el inventor/fundador de 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales (CRP) y desde 2001 ha animado a más de 100 inversores en el proyecto que pretende recuperar más de 2.800 propiedades que pertenecían a más de 400 familias españolas, con un valor global en el mercado actual calculado en unos 4.000 millones de dólares. Está claro que los catalanes tenían mucha tierra en La Habana, pero también los gallegos y los vascos. Algunos se quedaron en el Nuevo Continente y por ello CRP tiene gente trabajando en Miami y en México además de Madrid y Barcelona.

Cabarrocas es un emprendedor barcelonés con antepasados ampurdaneses que emigraron a Cuba y que tuvieron que volver cuando la Revolución triunfó. La suya fue una del millar de familias que abandonaron la isla caribeña dejando recuerdos y propiedades. Parece de una ingenuidad insuperable confiar en que el Gobierno cubano, ahora presidido por Miguel Díaz-Canel, se pueda plantear retornar o indemnizar por los bienes incautados hace sesenta años. El nuevo jefe del Estado cubano aseguró el viernes que "no habrá espacio para los que aspiran a una restauración capitalista". Sin embargo, Cabarrocas, sentado en su despacho del tercer piso de la Casa Ametller, recuerda que "ahora parece difícil, pero lo mismo parecía en los países del Este y en un 90% de casos ha habido devolución, porque al final ganan todos".

Teniendo en cuenta las necesidades de la depauperada economía de la isla, Jordi Cabarrocas está convencido de que "más pronto o más tarde Cuba se abrirá a la inversión extranjera como han hecho otros países comunistas y verá que para atraer capital es imprescindible ofrecer garantía jurídica. La mejor manera de convencer será revertir lo que se confiscó. Y, por descontado, para atraer a inversores inmobiliarios habrá que privatizar el suelo". Es difícil encontrar a alguien más optimista, pero "sé que el pesimismo no sirve para hacer negocios", dice Cabarrocas.

El planteamiento que hace la compañía es win-win. Surgirán inversores interesados en una propiedad y estarán dispuestos a pagar lo suficiente para que salgan ganando los actuales usuarios de la finca, los antiguos propietarios y el Estado cubano, con lo que el acuerdo se prevé relativamente fácil.

Por descontado que la Compañía de Recuperaciones Patrimoniales también ganará. De entrada no cobra nada a las familias que reclaman propiedades para representar sus intereses, pero el día que cobren CRP se quedará el 30% de la indemnización.

En el inventario que ha hecho CRP se encuentran edificios emblemáticos de La Habana, como el Teatro América, justo en el centro de la capital, un magnífico edificio art déco en condiciones de ser rehabilitado. También sedes de instituciones y órdenes religiosas como dos colegios de las Escuelas Pias que seguro que los curas tendrán suficiente paciencia para esperar que los devuelvan.

Artur González, un economista madrileño de 58 años, ha explicado a El Nuevo Herald que cuando su padre decidió volver a España sólo pudo llevarse la ropa y las gafas. "En el momento de subir al avión los milicianos le confiscaron el reloj y el anillo". Atrás dejaban una granja en la provincia de Las Tunas y varios depósitos en La Habana, bienes que ahora, de acuerdo con su hermana, pretenden recuperar. Tienen un obstáculo. Uno de los gobiernos de Felipe González firmó el año 1986 un acuerdo con Fidel Castro para hacer tabla rasa con los españoles que habían perdido propiedades a cambio de 40 millones de dólares que se pagaron mayoritariamente con puros y otros productos de la isla. Cabarrocas recuerda que una sentencia posterior del Tribunal Supremo establecía que con aquel pago no había suficiente para cancelar las deudas.

Que conste sin embargo que también existe gente que se mueve por sentimientos más que por dinero. José Manuel Presol, de 63 años, puede reclamar el apartamento de La Habana, donde creció hasta los 15 años, cuando su familia fue expulsada, pero no tiene ganas de revancha: "A los que viven allí ahora les diré: la casa es vuestra, pero sólo os pido que me dejéis de vez en cuando tomar el fresco en la terraza para recordar cuándo era niño".