El expresidente peruano Alberto Fujimori ha sido puesto en libertad la madrugada de este jueves en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional dictada el martes, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó que se le mantuviera en prisión. En el momento de su salida del centro penitenciario, Alberto Fujimori llevaba puesta una mascarilla y, justo después de atravesar la puerta, abrazó a su hija, Keiko Fujimori, la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, y a su hijo Kenji.

A la puerta de la prisión, las decenas de seguidores que llevaban concentrados durante todo el día han recibido Fujimori con vítores, música y fuegos artificiales. La expectación sobre la liberación del expresidente ha provocado que el coche estuviera durante cerca de 30 minutos sin apenas poder avanzar por las calles próximas, rodeado de seguidores, policías y profesionales de los medios de comunicación.

Desafío a la Corte de Derechos Humanos

El Tribunal Constitucional ordenó este martes la libertad inmediata de Alberto Fujimori con los votos de tres de sus actuales seis miembros, con el voto dirimente del presidente del alto tribunal. El Constitucional tomó esta decisión después de que un juzgado de la región sureña de Ica declarara el viernes pasado improcedente una primera resolución suya que restablecía el indulto. Horas después de conocerse la decisión del Constitucional de dejar en libertad de Fujimori, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dictó el miércoles una resolución en que requería al Estado peruano que se abstuviera de liberar al expresidente , con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

La resolución, firmada por el presidente de la CorteIDH, Ricardo Pérez Manrique, requiere a Perú que no libere a Fujimori hasta que la Corte Interamericana "cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 7 de abril de 2022". En abril de 2022, la CorteIDH ordenó a Perú abstenerse de aplicar una sentencia del TC que ratificaba este indulto, pues era contraria a las sentencias del tribunal internacional en los casos de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, por los cuales el expresidente fue condenado a 25 años de cárcel.