El Tribunal Constitucional de Perú ha ordenado este martes la liberación del expresidente de Perú, Alberto Fujimori (1990-2000), aunque la Cort Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó el contrario el año pasado. "Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde está recluido), en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori," reza un acto del TC. Esta medida del TC ha tenido lugar después de que un juzgado de la región peruana de Ica declarara el viernes pasado improcedente una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que restablecía su indulto.
Al mismo tiempo, el TC grita "severamente la atención" al juez del primer juzgado de investigación preparatoria de Ica, el señor Vicente Fernández Tapia, quien días atrás había decidido no ejecutar la liberación del exmandatario, después de que el presidente del TC dijera que las autoridades del país tenían que proceder a la excarcelación, aunque dejó en manos del magistrado regional la decisión de ordenar su salida de prisión. En una resolución inapelable, los magistrados restituyen el indulto que le habían otorgado a Fujimori el año 2017 por razones humanitarias, y que después fue revocado por la Cort Suprema en el 2019.
La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de excarcelar al expresidente Alberto Fujimori ha generado este martes el rechazo de los familiares de las víctimas de las matanzas por las cuales fue condenado a 25 años de prisión, organismos defensores de los derechos humanos y legisladores de izquierda. "Como familiares de víctimas estamos condenados a vivir entre la angustia, la rabia y el sentimiento de ciudadanos de segunda. Nuestros derechos por debajo de la libertad indebida de un delincuente", ha afirmado Gisela Ortiz, hermana de uno de los diez estudiantes desaparecidos a la universidad La Cantuta en 1992.
Fujimori, de 85 años, sufre varios problemas de salud, como cáncer lingual, fibrilación auricular, enfermedad pulmonar e hipertensión. El expresidente de Perú cumple desde 2009 una condena por "crímenes contra la humanidad" al penal de Barbadillo, una pequeña prisión para expresidentes en el este de Lima, por la muerte de 25 personas en dos matanzas perpetradas entre 1991-1992 por un escuadrón del ejército. La representante de una agrupación de afectados por este sonado caso ha agregado, en su cuenta de X (antes Twitter), que el indulto de 2017 fue negociado y ha calificado la decisión del TC como una "inaceptable decisión" y ha acompañado la publicación de la etiqueta "#FujimoriCulpable".