El Tribunal Supremo ha aclarado un aspecto clave de la Ley de Propiedad Horizontal. Según su resolución, las deudas con la comunidad de propietarios no dependen del vecino, sino del inmueble correspondiente. Esto implica que cualquier comprador de un piso hereda sus cargas, incluidas las cuotas impagadas de los tres años anteriores y del año en curso, independientemente de quién viviera allí antes o del motivo por el cual no se llegara a pagar lo debido.
Para los nuevos propietarios, esto significa que si el anterior dueño dejó deudas, deberán abonarlas para ponerse al día. La comunidad puede reclamarlas directamente al comprador, incluyendo cuotas ordinarias, derramas, gastos extraordinarios e intereses si los hubiera. La ley permite esta reclamación para garantizar la continuidad de los pagos y proteger a todos los vecinos.
La protección de la comunidad y la seguridad jurídica
La normativa establece que la comunidad no tiene que perseguir al antiguo propietario, ya que resulta más eficaz reclamar al nuevo dueño que buscar al que se fue. Posteriormente, si lo desea, el comprador puede reclamar judicialmente al vendedor lo que haya pagado de más, pero esa gestión ya es un asunto privado entre particulares y algo ajeno a la responsabilidad de los vecinos. Esta doctrina refuerza la seguridad jurídica de las comunidades al evitar que asuman riesgos de impagos prolongados.
Para minimizar riesgos, el Supremo subraya la importancia de solicitar un certificado de deudas antes de firmar. El documento debe ser emitido por el administrador o el presidente de la comunidad e indicar si el piso está al corriente o si existen pagos pendientes. Firmar sin este certificado implica asumir el riesgo de cualquier deuda no detectada previamente.
Consecuencias para compradores y cómo actuar
Si el vendedor oculta deudas, el comprador todavía puede reclamar judicialmente al antiguo propietario, exigir indemnización o descontarlo del precio restante, pero la comunidad seguirá reclamando al nuevo dueño. Esto afecta a todas las personas que adquieran un inmueble, ya sea un piso, una vivienda heredada, un local comercial o todo tipo propiedades adquiridas en subasta. Aquí lo importante es que se salde la deuda con la comunidad.
En resumen, la sentencia del Supremo confirma que las deudas comunitarias viajan con la propiedad, obligando al comprador a hacerse cargo aunque no las haya generado. La doctrina protege a las comunidades y resalta la importancia de informarse y exigir documentación antes de formalizar cualquier compra inmobiliaria. El mensaje es que el inmueble viene con sus derechos y obligaciones, y asumirlos es parte de la transacción.