Existe la creencia extendida de que solo quienes no trabajan pueden acceder a ayudas públicas, pero la realidad es muy distinta. En España, las personas que tienen empleo sí pueden solicitar y cobrar ayudas de hasta 1.500 euros, siempre que cumplan determinados requisitos. El ejemplo más claro es el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación estatal diseñada no solo para quienes están desempleados, sino también para trabajadores con ingresos insuficientes.
El IMV funciona como una red de seguridad económica: si una persona trabaja, pero no alcanza el nivel de renta considerado mínimo para vivir con dignidad, el Estado cubre la diferencia hasta llegar a una cuantía garantizada. Es decir, no penaliza el empleo, sino que lo complementa.
Qué es el Ingreso Mínimo Vital y cómo funciona
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación gestionada por la Seguridad Social cuyo objetivo es reducir la pobreza laboral y la exclusión social. Está dirigida tanto a personas solas como a unidades de convivencia, y su cuantía varía según el número de miembros del hogar y sus ingresos totales.
Un punto clave es que trabajar no excluye del IMV. Si una persona tiene un salario bajo y no supera los umbrales máximos fijados por la Seguridad Social, puede seguir recibiendo la ayuda. El IMV actúa como un complemento de renta: si, por ejemplo, la renta garantizada para tu situación es de 900 euros y tus ingresos laborales son de 600, el IMV cubrirá los 300 restantes.
En algunos casos, sumando salario y prestación, la ayuda total puede alcanzar cifras cercanas a los 1.500 euros mensuales, especialmente en hogares con hijos u otras personas a cargo. El sistema está diseñado para incentivar el empleo, evitando que aceptar un trabajo suponga perder automáticamente la ayuda.
Catalunya: IMV y Renda Garantida de Ciudadanía
En Catalunya, el sistema presenta una particularidad importante. Además del IMV, existe una ayuda autonómica propia: la Renda Garantida de Ciudadanía (RGC). Esta prestación tiene un enfoque similar, pero es gestionada por la Generalitat.
Lo relevante es que ambas ayudas pueden combinarse, aunque no se duplican. El IMV sigue siendo una prestación estatal y se aplica de la misma manera en toda España, incluida Catalunya. La RGC actúa como complemento autonómico, cubriendo la diferencia si el IMV no alcanza los importes garantizados por la normativa catalana.
En la práctica, esto significa que una persona que trabaja en Catalunya y tiene ingresos bajos puede acceder al IMV y, si cumple los requisitos, a un complemento de la RGC, logrando una mayor protección económica que en otras comunidades.
Un cambio de enfoque: proteger al trabajador
Este modelo rompe con la idea clásica de que las ayudas son incompatibles con el empleo. Al contrario, reconoce que trabajar no siempre garantiza llegar a fin de mes. El IMV y la RGC buscan asegurar un mínimo vital sin desincentivar la actividad laboral, ofreciendo estabilidad, reduciendo la precariedad y permitiendo que muchas personas trabajadoras no queden atrapadas en la pobreza pese a tener empleo.
En definitiva, trabajar y recibir ayudas no solo es posible, sino que forma parte del nuevo enfoque de protección social en España.