La instalación de placas fotovoltaicas vuelve a situarse entre las actuaciones con mayor atractivo fiscal para propietarios de vivienda en 2026. La Agencia Tributaria mantiene vigentes las deducciones en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética, un mecanismo que continúa incentivando inversiones en autoconsumo y rehabilitación energética residencial. Estas ventajas no se configuran como subvenciones directas, sino como reducciones en la cuota del impuesto.
El incentivo fiscal no se activa por la simple colocación de paneles solares. La clave radica en el impacto energético debidamente acreditado. La normativa exige demostrar que la intervención mejora el comportamiento energético del inmueble, lo que convierte la certificación técnica en un elemento central del proceso. Sin esta validación documental, la deducción no resulta aplicable.
Tres niveles de deducción en función de la mejora
El esquema fiscal contempla distintos porcentajes en función del grado de eficiencia conseguido. La deducción del 20% se aplica cuando la actuación logra reducir al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda, con una base máxima de 5.000 euros. Se trata del umbral más accesible dentro del sistema. El segundo escalón, correspondiente al 40%, exige una mejora más significativa. Debe acreditarse una reducción mínima del 30% en el consumo de energía primaria no renovable o una mejora de la calificación energética hasta las letras A o B. Aquí el beneficio fiscal potencial aumenta de forma considerable.
El nivel superior, del 60%, se reserva para actuaciones de rehabilitación energética de mayor alcance, especialmente en edificios completos o viviendas unifamiliares sometidas a intervenciones integrales. Este tramo representa el incentivo más potente dentro del marco de deducciones energéticas.
Requisitos técnicos y temporales
El acceso al beneficio fiscal exige condiciones precisas. El contribuyente debe ser propietario del inmueble y ejecutar la obra dentro de los plazos establecidos por la normativa. Además, la mejora debe quedar acreditada mediante certificados de eficiencia energética emitidos antes y después de la actuación.
La Administración no evalúa la tecnología instalada, sino el resultado energético medido. Los certificados permiten cuantificar la variación objetiva en los parámetros del inmueble y constituyen la base jurídica de la deducción. El atractivo de estas deducciones reside en su efecto acumulativo. A la reducción de la factura eléctrica se suma el ahorro fiscal, que en determinadas inversiones puede alcanzar importes relevantes. En un contexto de transición energética, el autoconsumo continúa consolidándose como una de las decisiones domésticas con mayor impacto económico y tributario.