Las operaciones bancarias en efectivo superiores a 3.000 euros están bajo el radar de la Agencia Tributaria. Los bancos están obligados a comunicar a Hacienda cualquier ingreso, retirada o movimiento que supere esa cantidad, así como aquellas operaciones que puedan resultar sospechosas. Sin embargo, esto no significa que exista una multa automática por mover ese dinero. Pero sí que es fundamental que ese movimiento tenga un justificante claro, porque si no lo tiene, el fisco puede llamar a la puerta.

La clave no está en la cifra en ella misma, sino en la capacidad del contribuyente para justificar el origen de los fondos. Es decir, no se sanciona por ingresar o retirar 3.000 euros, sino por no poder demostrar de dónde procede ese dinero si Hacienda decide iniciar una revisión o inspección. Y cuando se trata de esas cantidades, Hacienda tiene a estar mucho más alerta que cuando hablamos de cifras menores.

Qué operaciones se comunican a Hacienda

Las entidades financieras deben informar de cualquier operación en efectivo superior a 3.000 euros. Esto incluye ingresos en ventanilla, retiradas importantes de efectivo o movimientos que puedan encajar en patrones considerados de riesgo por la normativa de prevención del fraude y del blanqueo de capitales. Algo en lo que Hacienda está haciendo especial hincapié en 2026.

HACIENDA
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Esta obligación no implica automáticamente una investigación. Se trata de un mecanismo de control fiscal que permite a la Agencia Tributaria cruzar datos y detectar posibles irregularidades. La mayoría de las operaciones no generan ningún problema si están debidamente respaldadas por documentación o tienen un origen claro y declarado. Pero cuando no lo tienen, llegan los problemas.

Cuándo puede haber sanción

Según expertos fiscales, las sanciones solo llegan si, tras una comprobación, Hacienda determina que el movimiento no está justificado y puede considerarse una ganancia patrimonial no declarada cuyo origen no es limpio. En ese caso, el importe podría integrarse en la base imponible del IRPF y tributar como ingreso no declarado, además de llevar aparejada una posible multa por evasión de impuestos.

La sanción dependerá de la cuantía y de la gravedad apreciada por la Administración. Por eso, el consejo de los asesores es conservar siempre justificantes de transferencias, contratos, préstamos entre particulares o cualquier documento que acredite el origen del dinero. Mover 3.000 euros no es ilegal, pero no poder explicar su procedencia cuando Hacienda lo solicita puede salir caro.