Las comunidades de propietarios de Barcelona que decidan blindar sus edificios frente al uso turístico de viviendas podrán acceder a ayudas económicas municipales a cambio de ello. El Ayuntamiento ha lanzado una convocatoria de subvenciones dirigida a aquellas fincas que incorporen en sus estatutos la prohibición expresa de destinar pisos a alquiler turístico, una medida que se enmarca en la estrategia del gobierno municipal para reducir la presencia de este tipo de alojamientos en la ciudad, fomentando que la vivienda que haya se dedique a las personas que viven aquí.
La iniciativa busca incentivar que los propios vecinos adopten decisiones internas que limiten la implantación de nuevas viviendas de uso turístico. Para ello, el consistorio cubrirá hasta el 50 % de los gastos derivados de la modificación o redacción de los estatutos comunitarios. Se trata de costes vinculados a trámites notariales, inscripción en el registro de la propiedad o honorarios profesionales necesarios para formalizar el cambio.
Hasta 2.500 euros para cada comunidad
La convocatoria fija topes concretos en la cantidad destinada a la ayuda. Las comunidades que aprueben unos estatutos nuevos podrán recibir hasta 2.500 euros, mientras que aquellas que únicamente modifiquen los ya existentes podrán optar a un máximo de 1.500 euros. En ambos casos, la ayuda cubrirá la mitad de los gastos justificados, con la intención de facilitar y fomentar ese cambio.
El Ayuntamiento defiende que la medida facilita la toma de decisiones vecinales y elimina barreras económicas que, en ocasiones, dificultan la actualización de estatutos. La prohibición del uso turístico deberá quedar recogida de forma expresa para poder optar a la subvención.
Debate abierto con el sector turístico
La medida ha generado reacciones de todo tipo. Desde el sector turístico y parte del mercado inmobiliario se cuestiona que el consistorio incentive económicamente restricciones a una actividad legalmente regulada, por el momento. Consideran que puede afectar al valor de los inmuebles y a la oferta de alojamiento en la ciudad. El gobierno municipal, por su parte, sostiene que el objetivo es proteger el uso residencial y frenar la presión que los pisos turísticos ejercen sobre el mercado de vivienda. La convocatoria se suma a otras iniciativas orientadas a limitar el crecimiento de este tipo de alojamientos en Barcelona.
Así pues, con esta línea de ayudas, el Ayuntamiento traslada la capacidad de decisión a las comunidades de vecinos, apoyando económicamente a quienes opten por cerrar la puerta al alquiler turístico dentro de sus edificios.