Un vecino ha sido llevado a los tribunales por su comunidad tras instalar una piscina hinchable en la terraza de su piso, que acabó provocando el hundimiento parcial del techo del piso inferior. Este tipo de situaciones se está convirtiendo en un problema cada vez más frecuente en edificios con terrazas o azoteas, donde el peso del agua puede superar la capacidad estructural sin que los propietarios sean conscientes del riesgo. Casos similares han ocurrido en muchos casos, donde la instalación de piscinas hinchables ya provocó daños graves en el inmueble.
Los arquitectos y expertos en construcción llevan años advirtiendo sobre este tipo de prácticas. Aunque las piscinas hinchables puedan parecer inofensivas, un metro cúbico de agua pesa 1.000 kilos, lo que significa que incluso una pequeña piscina puede concentrar cientos de kilos en un punto de la estructura. Esto no solo pone en peligro la terraza donde se coloca, sino también los pisos inferiores y la integridad del edificio en general.
El riesgo estructural y legal
La comunidad ha decidido actuar legalmente porque la instalación puede considerarse un uso indebido de un elemento privativo o común. La Ley de Propiedad Horizontal permite a las comunidades exigir la retirada de cualquier elemento que ponga en riesgo la seguridad del inmueble, ya sea la terraza de uso exclusivo del vecino o zonas comunes. Además, cuando existen informes técnicos que alertan del peligro o daños visibles, el propietario puede ser obligado a indemnizar a los vecinos afectados.
El juicio refleja la preocupación creciente por la seguridad en edificios de varias alturas, especialmente durante los meses de verano, cuando este tipo de instalaciones se popularizan. Las comunidades buscan establecer precedentes que disuadan a otros vecinos de repetir comportamientos que puedan comprometer la estructura del edificio y generar costes millonarios por reparaciones.
Normativa y consecuencias de los daños ocasionados
Aunque no exista una ley estatal específica sobre piscinas hinchables en terrazas, las normas generales establecen que ningún propietario puede realizar obras o instalar elementos que comprometan la seguridad del edificio. En caso de producirse daños, la responsabilidad recae directamente sobre quien instaló la piscina. La comunidad, además, puede reclamar judicialmente la retirada inmediata y la indemnización por los daños ocasionados.
Los expertos recomiendan siempre consultar con arquitectos o técnicos antes de colocar cualquier elemento pesado en terrazas o azoteas y evitar concentrar grandes cantidades de agua sin refuerzos estructurales adecuados. De lo contrario, los vecinos pueden enfrentarse no solo a problemas económicos por las reparaciones, sino también a consecuencias legales que afecten su patrimonio personal.